Otegi debía comparecer ante la Audiencia el viernes, el mismo día que entra en vigor el alto el fuego permanente de ETA, pero Grande-Marlaska retrasó la citación hasta el próximo miércoles a las cinco de la tarde porque su tratamiento médico no concluye hasta el sábado.
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'Se considera más que razonable su plena recuperación (para el miércoles) y la posibilidad de tomarle declaración y practicar las distintas diligencias que vienen acordadas, en el transcurso de la semana próxima; garantizándose el conjunto de derechos e intereses en litigio', dijo Marlaska en un auto judicial.
Su comparecencia ya se había aplazado a causa de una bronquitis que derivó en neumonía. Entonces, la Fiscalía anunció que solicitaría prisión para Otegi, que está en libertad provisional bajo fianza como supuesto autor de un delito de integración en organización terrorista.
Aunque el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dijo el miércoles que se pediría a los magistrados 'que valoren lo que la nueva situación pueda tener de incidencia, sobre todo cuando se trata de medidas de carácter cautelar', fuentes judiciales dijeron el jueves que es casi seguro que se mantenga la petición de prisión.
NO HABRÁ 'ATAJOS LEGALES'
En este sentido, el Gobierno trató el jueves por la mañana de reafirmar su mensaje de prudencia ante el anuncio de ETA y en una aparente desautorización de Conde-Pumpido, los titulares de Justicia y Defensa dijeron que éste alto el fuego no va a suponer 'atajos legales' ni un cambio de comportamiento drástico por parte del poder judicial.
'Hay que recordar que este es un Estado constitucional de derecho, regido por la ley (...) y hasta que la ley no diga otra cosa ese es el carril al que se atienen las instituciones que están encargadas de velar por su cumplimiento', dijo el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
'Lo que quiero (es) mandar un mensaje de prudencia porque no cabe esperar un cambio de comportamiento drástico en 24 horas por parte del Poder Judicial o del Ministerio Fiscal', añadió.
El ministro de Defensa, José Bono, también respondió en el Senado a Conde-Pumpido, recordando que no habrá 'atajos legales'.
'El principio de legalidad y la ley es el único imperio. Ni el de la conveniencia, ni el de las circunstancias políticas. En democracia el único imperio es la ley y el fiscal general estoy seguro que lo sabe, aunque en sus declaraciones probablemente no han sido todo lo prudentes que suelen ser siempre', afirmó.
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, también se pronunció al respecto, diciendo que le expondría su malestar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su reunión del próximo martes.
'Eso no me ha gustado (...) si un señor es un delincuente, si un señor incumple la ley y viola las normas, la obligación del fiscal es defender el interés general, defender a los ciudadanos y, por tanto, acusar y luego el juez tomar sus decisiones', afirmó en la cadena Cope.
/Por Blanca Rodríguez y Emma Pinedo/

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