El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha citado a declarar al ex gerente del consorcio para la construcción del velódromo, Jorge Moisés, el próximo día 26, tras estimar la petición de su defensa de que sea interrogado de nuevo en el marco de la pieza que investiga la adjudicación de un contrato menor de 12.000 euros por un estudio sobre la supresión de barreras arquitectónicas del que no existe constancia.

De este modo, deja en suspenso el escrito de acusación que ya había presentado la Fiscalía por estos hechos y en el que solicitaba cuatro años y medio de prisión para Moisés, uno y medio para la ex secretaria general técnica de la Conselleria de Vicepresidencia, Jane King, mientras que sobreseía este fleco de la causa, el número 12, para el ex director general de Deportes y medallista olímpico José Luis 'Pepote' Ballester, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Una vez el titular del Juzgado de Instrucción número 3 interrogue a Moisés y a la luz de lo que arroje en su declaración, la Fiscalía decidirá si modifica o no su escrito de calificación o si pide diligencias complementarias que, tal y como establece la Ley, deberán ser acordadas por el juez.

En concreto, los investigadores apuntan en el marco de esta pieza a la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.

Y es que, de acuerdo a las pesquisas, desde la Dirección General de Deportes se propuso la contratación de Moisés, con la mediación de King, para la elaboración de un estudio para la supresión de barreras arquitectónicas en el velódromo palmesano, por un importe de 12.000 euros, lo que permitía adjudicar el contrato de forma directa sin necesidad de convocar concurso público para que concurrieran otras empresas. Ello a pesar de que, según los investigadores, este trabajo nunca se llevó a cabo.

Según expuso el juez en el auto que dictó para poner fin a la instrucción de estas pesquisas, Moisés, para obtener "un ilícito lucro", planteó a Ballester tal posibilidad de modo que, mediante la apariencia de un contrato menor "carente de por sí de todo control administrativo", le fuera adjudicado el encargo de realizar un 'Estudio sobre la accesibilidad y las barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad en las instalaciones deportivas de la Comunidad Autónoma'.

Todo ello, proseguía el magistrado en su resolución, "a sabiendas de que tal estudio nunca se llevaría a cabo", no sólo porque el cargo que Moisés desempeñaba era incompatible con el encargo y además "carecía de la mínima formación para ello", sino también porque "era consciente de que el contrato era una mera apariencia diseñada para que el beneficiario pudiera lucrar su importe sin contraprestación alguna".

La tramitación del expediente del contrato se inició cursando Ballester instrucciones a King, a fin de que ésta autorizase el pago "a sabiendas de las reales intenciones que escondía".