A través de un auto, Grande-Marlaska asegura que no consta la intervención de Álvarez en ningún acto ni rueda de prensa celebrada tras la convocatoria de huelga general en el País Vasco, y que 'no cabe imputarle relación cierta con ninguno de los hechos criminales, ni siquiera en su ideación'.
El magistrado agrega que sólo pudo constatarse su presencia en una rueda de prensa celebrada el 28 de febrero.
Grande-Marlaska establece además que Álvarez queda 'sin constitución de obligación alguna, a excepción de la general de comparecer cuantas veces fuera llamado y comunicar los cambios de domicilio que pudieran verificarse'.
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