Esta cifra, que supone al menos unos 3.600 hectómetros cúbicos de extracción de agua subterránea al año, equivale a más del consumo medio anual de todos los habitantes de España y Portugal, manifestó Guido Schmidt, responsable del programa de aguas de Adena.
La organización declaró que el uso ilegal del agua en España está afectando a toda la sociedad, al contribuir a la degradación del medio ambiente y reducir la cantidad y calidad de este recurso para usuarios legales como empresas de abastecimiento, regantes, industrias y particulares.
Con este agua se riega aproximadamente la sexta parte de los cultivos de regadío en España, numerosos campos de golf y se alimenta un desarrollo urbanístico desaforado, denunció Adena.
Entre los casos más destacados, mencionó que tan sólo en la cuenca del Guadiana hay 22.000 pozos ilegales, frente a los 16.000 legales sólo en La Mancha. En la del Guadalquivir son 10.000 los ilegales, y en la del Segura, existen al menos 20.000 captaciones ilegales frente a 4.500 legales, y 100.000 hectáreas ilegales en regadío.
A pesar de que según la ley actual existen lugares incluso en los que no se pueden dar nuevas concesiones, a los 'peces gordos' les sigue resultando rentable la extracción del agua al margen de la legalidad y su posterior venta, dijo Lucía De Stefano, responsable de aguas continentales del colectivo, que sostiene que en muchos casos las empresas tienen una partida especial de su presupuesto para multas impuestas por estos delitos.
'El agua es un bien de todos y la sociedad no debe tolerar que unos cuantos empresarios se enriquezcan infringiendo la Ley', declaró.
De Stefano también pidió que las administraciones sean más eficaces y decididas a la hora de perseguir el uso ilegal del agua, con medidas para que no les salga rentable su extracción ilegal.
La organización propone medidas duras que afecten principalmente a los grandes comerciantes de agua.
Además propone reforzar la responsabilidad de los usuarios legales en la gestión y vigilancia del uso del agua, reformando las Comunidades de Usuarios del Agua y promoviendo su formación y sensibilización en el uso racional de ésta.
Según Adena, las comunidades autónomas también tienen la responsabilidad de atajar el problema desde la raíz. Por ello, han de perseguir los cambios de uso de suelo no autorizados que, a menudo, van asociados a la búsqueda de fuentes ilegales de agua.
Asimismo, reclama que la legalidad del uso del agua sea un requisito obligatorio para el cobro de cualquier ayuda agraria.
/Por Marta Rodríguez Peleteiro/
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