La Xunta asegura que se están poniendo medios técnicos y financieros necesarios para cumplir los requisitos de la directiva comunitaria de 1991 sobre las aguas residuales urbanas a las que hace referencia la sentencia de la Unión Europea, que ha condenado a España por no depurar estas aguas en nueve localidades gallegas. En este sentido, ha afirmado que "resolvió o ya está resolviendo" los problemas de depuración en las rías gallegas, así como en todas las masas de aguas —costeras e internas— de la demarcación hidrológica Galicia-Costa en 2015.

Este compromiso, señala la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en un comunicado, es el "eje principal" de la Directiva Marco del Agua que "es mucho más ambicioso que el que pretende la directiva de aguas residuales en las que se basa la sentencia", ya que busca resultados de "calidad" en el medio receptor a través de actuaciones sobre todos los aspectos que causan contaminación en los ríos y costas, y no sólo sobre las aguas residuales urbanas de los núcleos más importantes.

Por lo tanto, indica la Xunta, el trabajo que está realizando permitirá "en breve cumplir los objetivos en la depuración de los grandes núcleos" y, en este sentido, destaca que lo "más importante" es que "asegurará el buen estado ecológico de las aguas".

Depuradoras en marcha

Así, el Gobierno gallego recalca que "ya puso en marcha todos los mecanismos para resolver la situación de la depuración de las aguas residuales" en las cinco localidades en las que tiene esta responsabilidad afectadas por la sentencia de la Unión Europea.

Concretamente, se refiere a las localidades de Baiona, Noia, Viveiro y Cariño, puesto que tienen en funcionamiento sus respectivas estaciones depuradoras de aguas residuales. En el Caso de Ribeira, explica, se está preparando el anteproyecto.

Además, de las nueve localidades que recoge la sentencia, indica la Xunta, cuatro —Vigo, A Coruña, Santiago y Tui— son de instalaciones de interés general del Estado o confinanciadas por el Estado, por lo que "de sus plazos da cuenta la Administración central".

En todo caso, ha señalado que la Xunta ya envió en agosto de 2010 la documentación referente a este asunto al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino respecto de las aglomeraciones en las que tiene responsabilidad sobre la depuración de las aguas, mientras que en las cuatro restantes es el propio ministerio quien debe aportar la información.