Esta es la segunda vez en este mes de marzo que el Ejecutivo ecuatoriano declara el estado de emergencia.
El pasado día 7 lo hizo en las provincias amazónicas petroleras de Napo, Sucumbíos y Orellana por la huelga de unos 2.000 trabajadores del sector.
El ministro de Gobierno (Interior), Felipe Vega, anunció que con el estado de excepción declarado se limitan algunas "garantías constitucionales".
Medidas en Quito
La medida se aplicará en las provincias de Tungurahua, Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi y Cañar, así como en algunos cantones de Pichincha (Tabacundo y Cayambe), cuya capital es Quito.
Vega declaró que la medida fue adoptada por el presidente de la República, Alfredo Palacio, tras "agotar" todas las posibilidades para disuadir a los indígenas a que pongan fin a su protesta.
El ministro afirmó que el decreto "prohíbe una serie de actividades como reuniones públicas", entre otros derechos civiles, y que será el mando militar respectivo el que "tome las previsiones para abrir las vías, para devolver la tranquilidad, la paz a la ciudadanía y evitar enfrentamientos".
"Paz para trabajar"
Vega precisó que no se ha pedido la detención de ningún dirigente indígena, y subrayó que es necesario "un país en paz para trabajar".
También recordó que el tratado de libre comercio (TLC) con EEUU es un proceso de negociación que aún no ha concluido.
Negociación en curso
"El TLC se está jugando en la cancha de las negociaciones, que se inicia el día 23 (en Washington) y vamos a seguir ahí", remarcó el ministro, tras insistir en que no comprende la actitud indígena cuando aún no se conocen los resultados de la negociación.
La posición del Gobierno, subrayó, es "jugar con soberanía en la mesa de negociaciones y plantear nuestras posiciones respecto a agricultura, propiedad intelectual y medidas fitosanitarias", que son las asignaturas pendientes y más difíciles del proceso.
Los indígenas han asegurado que no depondrán su protesta hasta que el Gobierno suspenda las negociaciones del TLC, pues consideran que ese tipo de convenios arruina a las naciones pobres, como Ecuador, y beneficia exclusivamente a las poderosas como EEUU.
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