La portavoz adjunta del Comité Electoral, Clara Tirado, ha denunciado que los populares valencianos "están más aterrados que nunca por el miedo a una declaración fuera de lugar" de cualquier dirigente de su partido que "deje en evidencia lo que realmente opinan en el PP" sobre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y las listas que ha presentado para la Comunitat Valenciana. Ése es el motivo por el que, según ha dicho, "el PP está coordinando su mentira, para evitar que ni un solo militante más diga lo que piensa con respecto a Camps".

La diputada socialista, que se ha referido así al argumentario interno que ha enviado desde Madrid el PP a sus cargos en defensa de los dirigentes populares valencianos imputados en diversos procesos judiciales, ha ironizado con que "esto demuestra lo poco que creen la versión que ha dado el presidente de la Generalitat". "Están tan acorralados y desesperados que tienen que organizar a sus diputados y candidatos de todos los rincones de España para que mientan a coro", ha apuntado.

Tirado ha recalcado que "en el PP ya no basta con mentir, ahora hay que hacerlo de la misma manera", puesto que "cualquier voz discordante puede dar al traste con el comedido silencio del presidente del PP, Mariano Rajoy, o las evasivas de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, sobre los imputados candidatos valencianos".

Además, la dirigente socialista ha indicado que los populares "ya ni tan siquiera disponen de programas con falsas promesas" porque "no tienen programa electoral", sino que "pretenden que no se repitan declaraciones como las del candidato del PP a la Presidencia de Baleares, José Ramón Bauzá", quien aseguró recientemente que si su compañero de partido Francisco Camps fuese balear, él no sería el presidente del partido en las islas.

Por ello, ha pedido que "no malgasten su tiempo difundiendo mentiras". "Todos sabemos que no son tres trajes y que la Gürtel no era una trama ajena al PP", ha declarado recalcando que "lo que deben hacer es explicar dónde están los 14 millones de euros de la visita del Papa o los casi 7 millones de euros que concedió el Gobierno de Camps en contratos irregulares".