El Senado uruguayo invalidó este martes la Ley de Caducidad, que perdonó las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (1973-1985), y abrió así las puertas sin excepción a los juicios contra militares y policías responsables de los crímenes.
Permitirá restablecer el valor de la justicia en Uruguay Con 16 votos a favor, todos del izquierdista Frente Amplio (FA), en el poder en el país, y 15 en contra, uno de ellos del oficialismo, los senadores aprobaron el controvertido proyecto de ley, tras más de doce horas de acalorado debate.
Según el texto aprobado, los tribunales uruguayos tendrán que reconocer como protegidos por la Constitución todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por Uruguay y declarar así inconstitucional la Ley de Caducidad de forma automática, haciéndola inaplicable.
Tras dos referéndums
Como la norma sufrió modificaciones menores en el Senado deberá ser ratificada por la Cámara Baja, que ya votó a favor en una ocasión anterior. Para entrar en vigor deberá ser promulgada también por el presidente de la República, José Mujica, quién también señaló que aprobaría lo dictado por el Parlamento.
La invalidación de la Ley de Caducidad se produce pese a que en dos referéndum convocados en 1989 y 2009 la ciudadanía votó a favor de mantenerla.
Un irreparable error que tendrá graves consecuencias La votación en el Senado generó mucha polémica e incluso división en el seno de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio (FA) y derivó en la expulsión del senador oficialista Jorge Saravia de la corriente Espacio 609, que lidera el presidente Mujica, por su negativa a votar el proyecto de ley.
Otro legislador oficialista, el exvicepresidente Rodolfo Nin Novoa, también se opuso a este proyecto y pidió licencia para no verse forzado a votar a favor.
Por su parte, el exguerrillero Eleuterio Fernández Huidobro anunció en la sala que votaría a favor sólo por estar obligado por su partido y acto seguido señaló su intención de renunciar a su escaño de senador por apoyar "un irreparable error que tendrá graves consecuencias".
Ley de Caducidad
El senador oficialista Óscar López Goldaracena, encargado de presentar a la Cámara el proyecto de ley en representación del FA, afirmó durante su discurso que la Ley de Caducidad carece de valor jurídico y es incompatible con la Constitución y con el derecho internacional.
Goldaracena recordó que, como en la actualidad, "durante la dictadura estaba vigente una norma que prohibía la desaparición forzada de personas, la tortura y la ejecución extrajudicial, y ordenaba el castigo de estos actos criminales", y que por tanto esos delitos no pueden quedar impunes.
El poder judicial va a recibir una especie de bomba encendida Otro senador oficialista, Rafael Michelini, hijo de un senador asesinado en 1976 en Buenos Aires por los órganos represores de las dictaduras sudamericanas, consideró que la inhabilitación de la Ley de Caducidad permitirá restablecer "el valor de la justicia en Uruguay".
Por su parte, el senador Francisco Gallinal, que habló en representación del Partido Nacional, el principal de oposición, afirmó que la Ley de Caducidad es injusta, como la ley de amnistía a los guerrilleros que cumplieron penas de cárcel durante el Gobierno de facto, pero ambas son "hijas de un mismo tiempo".
Gallinal advirtió de que "al Poder Judicial se le aproximan momentos difíciles" porque va a recibir "una especie de bomba encendida", en alusión a los juicios que se retomarán o iniciarán contra militares y policías por violaciones a los derechos humanos.
Cien muertos y 34 desaparecidos
Durante el debate, grupos defensores de los derechos humanos y sindicalistas se congregaron en la puerta del Parlamento para mostrar su apoyo al proyecto.
El pasado 24 de marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Uruguay por el asesinato de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y por la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman, tras un largo proceso que fue usado por el oficialismo como argumento para invalidar la ley.
Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, durante la dictadura uruguaya murieron cerca de cien personas en cárceles y cuarteles, mientras que al menos 34 personas quedaron en paradero desconocido tras ser detenidas por fuerzas policiales y militares.
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