Los parlamentarios pusieron así fin a meses de debates intensos sobre la forma de combatir el intercambio de ficheros gratuitos a través de la red, llamado "peer to peer".
En España, este intercambio de archivos entre internautas conocido como P2P no es ilegal.
Francia ha optado finalmente por introducir un sistema progresivo de sanciones, menos importantes de las previstas inicialmente, pero que persiguen disuadir a los internautas de bajarse música de forma gratuita.
Al tiempo, los diputados trasponen a la legislación nacional la directiva europea sobre la introducción de dispositivos de protección contra copias.
Para los "piratas" que descodifiquen ilegalmente los sistemas de protección contra copias, la ley prevé multas de hasta 3.750 euros, una sanción que puede llegar hasta los seis meses de prisión y 30.000 euros para los que pongan a disposición de otras personas programas destinados a inutilizar los dispositivos de protección.
Las mayores sanciones -hasta 300.000 euros y tres años de prisión- están reservadas para los que distribuyan programas que permiten el "peer to peer" y para los que comercialicen obras copiadas de forma ilegal.
El objetivo del texto adoptado el martes es tratar de que los internautas se dirijan hacia las páginas que venden ficheros musicales a través de internet y que están registrando un espectacular incremento en los últimos años.
Las discográficas, contentas y los internautas no tanto
En 2005 se bajaron legalmente 20 millones de archivos musicales de la red en Francia, cinco veces más que el año anterior, aunque por el momento sólo representan en uno por ciento del total de los ingresos que genera la música.
El nuevo reglamento satisface a los grandes sellos discográficos y a los sindicatos de artistas, pero despierta grandes recelos entre algunas asociaciones de internautas y de consumidores.
No ven claro que sucederá con los compradores de música legal que quieran hacer copias de seguridad o para consumo propio.
Los editores de pequeños programas, además, temen que la nueva ley les pueda hacer pagar por el mal uso que de ellos hagan los clientes.
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