Al parecer, el Consistorio cometió «supuestas contrataciones directas que violaban la Ley de Contratos del Estado, subvenciones no justificadas y provisiones de fondos que carecían de requisitos formales, como ausencia de facturas o NIF de proveedores», según informó ayer el Partido Popular (PP).
Fue precisamente el PP el que denunció la situación en la Sindicatura de Cuentas, donde se consideró que el asunto era competencia del Tribunal de Cuentas, que ha dado continuidad al proceso jurisdiccional.
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