Botella pide a Barberá que suscriba el protocolo entre FCSE y Policía Local para luchar contra la violencia de género

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, ha reclamado este viernes al Ayuntamiento de Valencia que suscriba el protocolo de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género. Ha afirmado que no comprende que no se formalice este convenio, vigente desde el año 2006.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, ha reclamado este viernes al Ayuntamiento de Valencia que suscriba el protocolo de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género. Ha afirmado que no comprende que no se formalice este convenio, vigente desde el año 2006.

Botella, que se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa en la que ha hecho un balance sobre la aplicación de las políticas de igualdad del Gobierno central en la Comunitat, ha resaltado que es "especialmente importante" que los municipios de más de 20.000 habitantes que todavía tienen pendiente firmar este protocolo "lo suscriban sin demora".

Ha indicado que por el momento se han adherido a este protocolo un total de 86 municipios de la Comunitat —41 en la provincia de Valencia; 25 en la de Alicante y 20 en la de Castellón—, pero "todavía quedan por adherirse municipios muy importantes", entre los que ha citado, con más de 50.000 habitantes, a Torrevieja, San Vicent del Raspeig (Alicante), Castellón y Valencia.

A este respecto, ha advertido de que ante esta situación "no se están aprovechando todos los recursos disponibles", ya que esta iniciativa permite, además de una coordinación, la incorporación a un sistema de seguimiento de expedientes para casos de violencia de género, que registra desde el año 2008 todas las denuncias por violencia y se integra el seguimiento de las actuaciones judiciales, medidas de protección o cualquier incidencia. "Permite asegurar la correcta atención de todos los casos y evitar que víctima quede desprotegida".

Botella ha afirmado que pese a que los municipios intenten organizar esta actividad "de la mejor manera posible", este trabajo "no debe hacerse de manera casual o voluntarista". Así, ha instado a todos los ayuntamientos a adherirse al protocolo, "con el objetivo de mejorar los recursos".

Preguntado por el caso de Valencia, ha pedido al Ayuntamiento que apruebe en la próxima Junta Local de Seguridad —que es el ámbito competente— esta adhesión, porque de no hacerlo no tiene acceso al seguimiento de expedientes integrados y, además, ha comentado que "no es necesario estar fuera cuando existe una voluntad de coordinación". "No comprendemos que no se formalice esta relación", ha puntualizado. IGUALDAD

Botella ha hecho un balance de la inversión del Gobierno en la Comunitat en materia de igualdad, y ha comentado que de los Fondos de Inversión Local (2009 y 2010) se han desarrollado 52 proyectos en 36 municipios de la Comunitat —25 en Valencia, 12 en Castellón y 15 en Alicante—, con una inversión total de 2.648.233,4 euros.

Entre los tipos de proyectos incluidos en el Plan E, ha citado la conciliación de la vida familiar y laboral en periodo estival; la elaboración de planes de Igualdad municipales; actividades formativas; talleres de verano para niños; asesoría psicológica y jurídica para mujeres; o el programa de apoyo para superar situaciones postruamáticas derivadas de la violencia de género.

En asuntos más concretos, dentro de la violencia de género, Botella se ha referido a la teleasistencia —actual Atenpro, es decir, la protección mediante un sistema de botón—, y ha señalado que en 2010 hubo 1.991 usuarias en la autonomía. Asimismo, a fecha de 31 de enero de 2011, había 56 activos en el sistema de seguimiento por medios telemáticos —pulseras— de las medidas de alejamiento. Este sistema se va a extender a los casos en que ya exista condena, siempre que el juez así lo establezca. Hasta ahora sólo se aplicaba en casos de medidas cautelares.

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