El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido la imparcialidad de la Fiscalía en la investigación relativa a los presuntos delitos detectados en la gestión de la sociedad mixta Mercasevilla, recordando que el caso empezó precisamente con la investigación de un fiscal que ha dado lugar a cinco procedimientos judiciales que se están tramitando actualmente, lo que prueba una actuación "implacable en cualquier tipo de corrupción".

"Ya se ha presentado la primera acusación contra cuatro cargos de Sevilla en los que se les acusa de cohecho y se les pide unas penas importantes", ha recordado al visitar la Ciudad de la Justicia de Barcelona, y ha asegurado que no tienen una doble vara de medir y que actúan contra los corruptos, sean del partido que sean.

En concreto, Conde-Pumpido ha aludido al escrito de acusación de la Fiscalía en cuanto al presunto intento de cobro de comisiones ilegales supuestamente protagonizado por dos ya ex directivos del mercado central de abastos de Sevilla sobre dos empresarios del grupo hostelero 'La Raza'.

Pumpido ha incidido en que fue la Fiscalía la que inició y potenció la investigación, y ha recordado que ya se ha concluído el primer asunto y se ha formulado acusación, por lo que sólo se puede decir desde una "posicion política" que la Fiscalía no actúa contra todos los corruptos.

Así, alude a la investigación promovida por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que respecto a Mercasevilla investiga un posible intento de cobro de comisiones ilegales por parte de dos ya ex directivos, las irregularidades detectadas en la enajenación de los suelos del mercado central y un supuesto delito societario, rama en la que se incluyen las diligencias relativas a los ERE de 2003 y 2007.

En esta última línea de investigación, de hecho, la juez Mercedes Alaya indaga una supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en ERE impulsados en los últimos años en numerosas empresas de Andalucía.

Hasta el momento, la investigación interna de la Consejería de Empleo ha revelado 39 posibles prejubilaciones ilegales.

La Fiscalía, de hecho, reclama sanciones de 900.000 euros y suspensiones de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho para cada uno de los cuatro acusados del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales investigado por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en el mercado central de abastos de la ciudad hispalense, Mercasevilla.

Los acusados, en concreto, son el ex director general de la lonja Fernando Mellet, su antiguo director adjunto, Daniel Ponce, el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos.