La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, si bien ha admitido que la Administración de Justicia como objeto de información es "un hecho incontestable", ha requerido de los medios de comunicación que, en el ejercicio de sus funciones, preserven y actúen siempre con responsabilidad, asuman un comportamiento ético y pongan en marcha mecanismos de autocontrol, especialmente a la hora de informar sobre procesos judiciales en curso de relevancia pública.

Así lo ha aseverado esta tarde en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna (ULL), donde ha tenido lugar el acto inaugural de las II Jornadas sobre Prensa y Justicia, y donde ha estado acompañada por el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Ramón Navarro, y por el rector de la institución académica, Eduardo Doménech.

Según Gabriela Bravo, hace ya tiempo que la crónica de los tribunales ha desplazado de alguna manera a la crónica política y la opinión pública ha centrado su atención en la información judicial, sobre todo en los procesos penales. "Esto exige que los medios actúen con una responsabilidad acorde a la necesidad que tienen los ciudadanos de satisfacer su legítimo derecho a estar informados sobre los asuntos de relevancia pública", remarcó.

Si bien está claro el interés que suscita la Administración de Justicia desde el punto de vista informativo, la portavoz del CGPJ advirtió de que ¡las referencias particulares a procesos que están en curso, cuando se traspasan determinados límites, pueden tener una incidencia negativa sobre su propia eficacia, e incluso, sobre el resultado final del proceso.

En este sentido, insistió en que la correcta investigación de enjuiciamiento de los delitos puede verse entorpecida por la actividad informativa de formas muy diversas, aunque también quiso dejar claro que no cabe en Derecho la pretensión de investigar y enjuiciar en secreto y a espaldas de los ciudadanos.

Publicidad del proceso

Por otro lado, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial sostuvo que tampoco hay que caer en el error de confundir la publicidad del proceso con su resonancia o con la espectacularidad, ni tampoco identificar el principio de publicidad del juicio con la libertad de prensa o pretender sustituir la libertad de los jueces por la de los medios de comunicación.

En esta tesitura, remarcó que la justicia la tienen que impartir los jueces y si bien los tiempos de la misma no se adecuan a los tiempos mediáticos, ello no justifica que se caiga en la tentación de administrar justicia fuera de la función jurisdiccional. "La validez del proceso es, en este sentido, garantía de verdad y de libertad", subrayó.

"Por tanto, si la publicidad no es un fin absoluto que se justifique por su sola consecución, el respeto a la independencia y a la imparcialidad del juez deben de permitir que se impongan ciertas limitaciones al principio general de publicidad, en la medida que resulta necesaria para salvaguardar otros derechos fundamentales que están en juego", agregó.

Por todo ello, volvió a requerir de los informadores que, en el ejercicio de sus funciones, deben de preservar y actuar siempre con responsabilidad, al tiempo que reiteró a las instituciones judiciales que la mejor forma de abordar los problemas en el ámbito de la información es actuando desde el principio de transparencia institucional, un reto que —recordó— asumió el Consejo General del Poder Judicial para poder acercar la Justicia a los ciudadanos.