El Fiscal solicita un total de 44 años de cárcel para 9 personas, acusadas 8 de ellas por un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal con propósito de explotación sexual y de lucro mediante la explotación de la prostitución ajena, así como a un agente de la autoridad por omisión del deber de perseguir dichos delitos.

Según el escrito del Fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, dos de los acusados eran propietarios y administradores solidarios de tres clubes de alterne situados, uno en Tricio, otro en Logroño, y otro en Almadrones (Guadalajara).

En ellos, ejercían la prostitución mujeres que debían pagar 46 euros al día en concepto de alquiler de habitación, desayuno, comida y cena, así como 21 euros en caso de llegar tarde al trabajo o no ir a trabajar. Por su parte, por cada relación sexual estas mujeres cobraban entre 40 y 50 euros. El horario solía ser de 17,00 horas hasta las 3,30 horas.

Además, las mujeres que prestaban estos servicios no contaban "ni siquiera como contratadas y carecían de permiso de residencia y de trabajo". Los acusados buscaban mujeres para trabajar en sus clubes a través de intermediarios y la entrada a España solía ser sin permiso con el fin de dedicarse a la prostitución con ánimo de enriquecimiento ilícito de estos dos acusados al aprovecharse de "la situación económica precaria de estas mujeres y de su vulnerabilidad derivada de esa pobreza".

Por su parte, otra de las acusadas, se dedicaba a contactar y contratar a mujeres de Rusia y de otros países para trabajar en los tres clubes señalados, obteniendo un beneficio económico por ello.

Además, un Guardia Civil, que mantenía "una estrecha vinculación con uno de los acusados" también colaboraba con las actividades del mismo por lo que "no solamente no denunciaba o perseguía policialmente estos hechos si no que colaboraba en esa actividad a través de informaciones y ayudas señaladas".

Finalmente, están también procesadas dos encargadas de los clubes, así como tres trabajadores que se encargaban de trasladar a las mujeres así como a distribuirlas en habitaciones, con ánimo de enriquecimiento ilícito.

Los hechos relatados suponen un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal de personas con propósito de explotación sexual de las mismas con ánimo de lucro y abuso de la vulnerabilidad de la víctima, del que son autores tres de los acusados y por los que procede a imponerles 8 años de prisión.

Por su parte, como presuntas autoras de un delito de lucro mediante prostitución ajena, solicita cuatro años y una multa de 3.600 euros a las encargadas de los clubes de Logroño, y Almadrones, y otros dos años y diez meses de prisión así como una multa de 2.160 euros a los tres empleados.

Al Guardia Civil, si se le acusa de un delito relativo a la prostitución solicita tres años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta durante ocho años, o bien dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Finalmente, el Fiscal solicita el cierre de los tres clubes por un periodo de cinco años.