El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, sugiere al Ayuntamiento de Benimeli (Alicante) que, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria, "promueva las actuaciones necesarias para adaptar los contenidos de su página web institucional al régimen de cooficialidad lingüística vigente en la Comunitat Valenciana".

Cholbi recuerda al Consistorio, en un escrito consultado por Europa Press, "el deber de dar cumplimiento a lo que dispone la legislación vigente sobre el uso del valenciano" en respuesta a una queja formulada por un ciudadano en la que manifestaba que la web del Ayuntamiento de Benimeli solo se puede consultar en castellano.

Por su parte, la corporación local trasladó al Síndic que su página web se había creado recientemente y que estaba "practicamente de prueba", por lo que sus contenidos "son mínimos", y remarcaba que su intención es que pueda ser visitada en las dos lenguas cooficiales en la Comunitat Valenciana.

El Síndic se muestra "consciente" de que los recursos de los que disponen los ayuntamientos son "limitados y que hace falta racionalizar su uso", pero la legislación vigente respecto a la utilización del valenciano es "clara y no admite ninguna interpretación".

En este sentido, manifiesta que reconoce "los esfuerzos de la Administración pública valenciana para adaptar sus estructuras al régimen de cooficialidad lingüística instaurado por la Constitución Española y por el Estatuto de Autonomía", pero no puede dejar de "llamar la atención sobre el hecho de que la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià está vigente desde hace más de 25 años".

Señala que en su título tercero "reconoce el derecho de todos los ciudadanos a ser informados por los medios de comunicación sociales tanto en valenciano como en castellano y a utilizar indistintamente las dos lenguas", y que esta obligación, "como no podía ser de otra manera, tiene que extenderse a los nuevos medios de comunicación y a las nuevas realidades tecnológicas"

Asimismo, remarca que la normativa vigente respecto al uso del valenciano, contenida en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y en la LUEV, es "clara y terminante, y no deja lugar a ninguna interpretación", por lo que la Administración pública valenciana "está obligada a garantizar la normalización lingüística".

De esta manera, recalca que es misión de la institución "velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales, estatutarios y legislativos citados", por lo que son "constantes" sus recomendaciones a la Administración autonómica para que los impresos, formularios y los modelos oficiales que utiliza sean redactados, en conformidad con la legislación vigente, en las dos lenguas oficiales de la Comunitat, y "nada impide que esta recomendación se extienda también a las páginas web de los entes y las administraciones públicas".