La Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación han elevado al Ayuntamiento hispalense, conjuntamente, alegaciones a las ordenanzas fiscales de 2011. En sus alegaciones, la CES y la Cámara de Comercio rechazan la insistencia del Gobierno municipal en aplicar una "subida lineal" de tributos y, en esta ocasión, "con un incremento de las tarifas superior al IPC en algunas tasas e impuestos".

En este sentido, destacan ambas instituciones que se mantiene "una elevada presión fiscal", con impuestos que han llegado a su "máximo legal", como el ICIO o el de Plusvalías, y los que se encuentran cercanos al mismo, como IBI, IAE o el de Vehículos de Tracción Mecánica. Del mismo modo, los empresarios consideran necesario que, en las actuales circunstancias económicas, se aborde una reducción de los tipos impositivos, dentro de los límites que se establecen legalmente, para adecuarlos a la realidad por la que atraviesan las empresas. Esta adecuación de las ordenanzas fiscales al contexto actual, debe incluir tanto una disminución de la carga fiscal a las empresas, como la incorporación de una serie de medidas de apoyo al tejido productivo, tendentes a facilitar la recuperación económica.

IAE, ICIO,

Ibi y plusvalías

Tanto la CES como la Cámara abogan por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), por cuanto su naturaleza y fundamento es gravar el ejercicio de la actividad empresarial con especiales repercusiones negativas en los tiempos actuales y, aun cuando no esté entre las competencias de esa Corporación municipal tal supresión, sí entendemos que debe estar obligada a utilizar racionalmente los mecanismos que le ofrece el propio ordenamiento para no hacerlo más gravoso.

En relación con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), insisten en que desde hace años, está en su máximo legal, lo que resulta "económicamente insostenible y dice poco del compromiso con la actividad empresarial", en especial con el sector de la construcción y de sus empresas auxiliares. Por ello, se propone una reducción del tipo impositivo a los niveles anteriores que lo situaban en el 2,88 por ciento.

"Como se ha denunciado en repetidas ocasiones, el ICIO es un impuesto que experimenta un incremento constante y paulatino conforme al aumento del coste de las obras, lo que se produce a niveles muy superiores al propio IPC, sin necesidad de que se modifique el tipo de referencia. Ello conlleva un pernicioso efecto inflacionista que, lejos de abaratar las edificaciones, produce un obligado incremento de costes y, por ende, del precio de la vivienda", señala la patronal.

Del mismo modo, las alegaciones denuncian que el Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Pusvalías) se encuentra en el máximo legal permitido por la Ley de Haciendas Locales, y siendo este impuesto uno de los parámetros que influyen en la dinamización e incentivación del mercado inmobiliario, mantenerlo al máximo nivel supone un gravamen adicional que contribuye al deterioro de dicho mercado, por lo que se solicita la reducción del tipo como medida tendente a favorecer la reactivación del mercado inmobiliario.

En lo que respecta al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en las ordenanzas fiscales de 2008 se introdujeron "nuevas categorías" de tipos impositivos en atención al uso de estos bienes inmuebles, señaladamente el comercial, almacén y estacionamiento, ocio y hostelería, oficinas y uso industrial, lo que en la práctica "supuso un elevado gravamen directo y altamente desmotivador para la actividad empresarial en nuestra ciudad". Esta diferenciación, según los empresarios, contribuye a disminuir la competitividad de las empresas sevillanas frente al resto de empresas andaluzas y españolas que no lo contemplan.

Considerando que es una facultad discrecional del Ayuntamiento de Sevilla, se pide que desaparezcan las categorías y se aplique un único tipo para los bienes inmuebles urbanos.

Subida de la tasa en mercasevilla

En cuanto a la subida propuesta por el Ayuntamiento y por el mercado central de abastos; Mercasevilla, del 3,1 por ciento en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de mercados centrales mayoristas de Sevilla, la CES y la Cámara de Comercio, a la vista del informe, entienden que no queda en modo alguno justificado el incremento tarifario y se pretende trasladar al contribuyente los defectos de la gestión de la sociedad por parte del ayuntamiento.

Del mismo modo, en el informe prácticamente se hace responsable del estado financiero de la entidad a los escasos ingresos procedentes de las tarifas por los servicios que presta y se pretende reestablecer el equilibrio económico financiero de la entidad en base a un incremento de las tarifas, al igual que se afirma que la dirección va a reducir los gastos de la entidad.

En este sentido, se contempla que no sólo no ha reducido costes de personal en 2010, sino que pretende incrementarlos en un uno por ciento en 2011, y ello en contra de lo que preceptúa el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 y del decreto de medidas adoptadas por el Gobierno en Junio de 2010.