Comisiones Obreras ha advertido de que la Junta de Castilla y León podría tener que pagar una multa de 600 euros cada 20 días por no acatar la sentencia sobre la carrera profesional.

En concreto, el sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid ha ordenado a la Gerencia Regional de Salud acatar la sentencia firme que ganó la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, que obliga a reanudar la evaluación de los profesionales de la sanidad pública de Castilla y León para aplicar la Carrera Profesional de 2010 en un plazo improrrogable de diez días.

Si la Gerencia no lo hace, deberá pagar 600 euros cada 20 días en concepto de multa coercitiva, ha señalado Comisiones, que ha explicado que el Juzgado indica que, en caso de impago, se ejecutará la multa contra el patrimonio personal del gerente regional.

El auto responde a la demanda de CCOO, a través de su Servicio Jurídico, de ejecución de sentencia que la Consejería, a través de la Gerencia Regional, lleva sin aplicar desde 2013. De hecho, el Juzgado ha demandado su ejecución en dos ocasiones, en octubre de 2014 y, de nuevo, en febrero de 2015, ha recordado Comisiones.

El Juzgado da cinco días a la Gerencia Regional de Salud para alegar lo que considere oportuno o acreditar que está cumpliendo. También apercibe al gerente regional de que serán promovidas responsabilidades penales por desobediencia.

Sin órganos de evaluación

Mientras tanto, según el sindicato, la Consejería de Sanidad "ha desmantelado todos los órganos de evaluación que tenía para realizar el reconocimiento de la Carrera Profesional", que determina cuestiones como complementos económicos, promoción profesional, etcétera.

Comisiones Obreras cree que el objetivo de la Consejería es "imponer" las unidades de Gestión Clínica entre los profesionales y, por ese motivo, "ha torpedeado el sistema más justo de reconocimiento profesional al que ahora le obliga el juzgado".

Por ello, el sindicato vuelve a exigir que, "en el menor plazo posible", se habiliten los órganos de evaluación y se reanude la Carrera Profesional, "no ya porque lo demande la plantilla y lo exija este sindicato, sino porque un juzgado les obliga a hacerlo sin más dilación".

La "consecuencia práctica" de este comportamiento será que la Administración tendrá que pagar una multa que puede alcanzar casi 11.000 euros al año, una cantidad que hay que sumar a los gastos realizados en el procedimiento jurídico que ha llevado hasta este momento con recursos "imposibles de ganar" por parte de la Consejería, "pero también pagados con el dinero de todos los castellanoleoneses a menos que el importe se le vaya a imputar al patrimonio personal del gerente".