Unións Agrarias (UU.AA.) insta a la Xunta de Galicia a prorrogar el plazo de duración de los arrendamientos históricos, motivo por el que envió cartas al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y a los portavoces de los tres partidos con representación en el Parlamento.

En las misivas, el sindicato agrario solicita una nueva moratoria para la Ley de 1993 con objetivo de "impedir" el desahucio de los agricultores y ganaderos que tienen tierras en régimen de arrendamiento y parcela, subrogando sus antepasados con anterioridad al 1 de agosto de 1942.

En 1991, UU.AA. realizó el primer censo de caseros, un análisis que estimó que en Galicia hay 1.079 arrendamientos rústicos históricos, con una media de edad de 60 años y una superficie de unas 6.500 hectáreas, cuya distribución es del 90 por ciento en la provincia de A Coruña y el 10 por ciento restante en Lugo.

En 1993, la Cámara aprobó la Ley de arrendamientos históricos en sustitución de la norma estatal (de 1992) y para incluir también las parcelas, "clarificando la forma de establecer el precio de acceso y estableciendo un plazo para el ejercicio del mismo que terminaba en 2005", explica el sindicato.

Antes de terminar el plazo, ese mismo año, el Diario Oficial de Galicia publicó una prórroga para ejercitar ese derecho, que termina el 31 de diciembre de este año.

"La descapitalización de las explotaciones, la situación del sector y también la falta de sucesión en las explotaciones impidieron que desde aquella fecha los caseros no pudieran ejercitar el principal derecho que se les reconoce en la ley a los arrendatarios históricos: el derecho de acceso a la propiedad", concluye, causa por la que reclama la moratoria.