La morosidad en el pago de los alquileres no solo afecta a los particulares. En el caso de las viviendas públicas, a pesar de que las mensualidades son más bajas, también tiene una alta incidencia debido a la delicada situación que atraviesan muchas familias.

Tanto es así que el 28% de los inquilinos de pisos sociales de la Generalitat no pueden pagar el alquiler. Según han informado fuentes de la Conselleria Territorio, de las 7.578 viviendas públicas que tiene la entidad en régimen de alquiler, en 2.139 casos han firmado actas de reconocimiento de deuda, 1.377 en 2013 y 762 en 2014.

Por medio de este documento, una persona o familia reconoce voluntariamente y expresamente adeudar a la Generalitat una determinada cantidad de dinero, haciéndole entrega a su acreedor de un documento firmado en ese sentido.

La medida permite aplazar en cinco años o 60 mensualidades el pago de las cuotas pendientes a razón de 30 euros al mes, más la mensualidad correspondiente.

De esta forma, las personas que están en situación extrema y no pueden hacer frente a los pagos se comprometen a pagar cuando su situación mejore.

A las familias que se niegan a firmar estas actas, aunque son casos muy puntuales, se les trata de buscar una alternativa sin necesidad de llegar al desahucio.

Según han informado desde Territorio, el 67% de los alquileres actuales del parque de viviendas públicas no superan los 100 euros mensuales. Concretamente, el pago de los alquileres es el siguiente: el 52% pagan entre 51 y 100 euros;  el 25% de viviendas abonan entre 101 euros y 150 euros; el 14,6% pagan entre 0 y 50 euros y solo el 1,1% pagan entre 201 y 250 euros