Según relata la sentencia de la Audiencia Provincial, consultada por Europa Press, desde fecha no determinada del año 1970 el acusado estuvo destinado en el Negociado de Vestuario, estando entre sus funciones las de realizar las ventas de prendas y material de vestuario, y cobrar el dinero pagado en metálico por las mismas y su custodia en una caja fuerte auxiliar.

Además, añade que el condenado se dedicaba a realizar las anotaciones contables en el sistema informático del servicio de tales operaciones y a ingresar aquellas cantidades en las dos cuentas bancarias que el acuartelamiento tenía abiertas con esa finalidad, indicando que, entre 1998 y el mes de abril de 2005, "se apoderó de 55.521,63 euros producto de ventas realizadas en esta sección, que hizo suyas para su beneficio personal".

De este modo, asevera que, para lograr lo anterior, el acusado "unas veces se quedaba directamente con el dinero recibido sin reflejas las operaciones en contabilidad", mientras que en otras ocasiones "manipulaba el sistema contable informático instalado en el acuartelamiento, reflejando las ventas hechas en metálico como si fueran ventas 'en cartilla', esto es, como entregas de material asignado a personal militar que no precisaban la entrega de dinero, quedándose con el metálico recibido".

Simulaba la venta de prendas

Al hilo de ello, la Audiencia Provincial refiere también que, otras veces, "la manipulación del sistema informático consistía en reflejar las ventas hechas en metálico como ventas 'sin cargo', es decir, como entregas de material para el propio acuartelamiento que tampoco precisaba la entrega de dinero, quedándose con el metálico recibido", mientras que también "hacía constar en el sistema contable informático que se vendía una prenda de importe inferior a la realmente vendida, quedándose él con la diferencia de precio".

La Audiencia añade que, en otras oportunidades, "manipulaba el sistema informático para hacer constar que una prenda vendida y cobrada era devuelta, no siendo realmente así, quedándose con el metálico recibido", al tiempo que pone de manifiesto que el Estado "no ha recuperado nada del dinero que el acusado se quedó".

Por todo ello, la Audiencia Provincial condena a este ex trabajador de Tablada a cuatro años y seis meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en concurso con un delito continuado de malversación de caudales públicos, mientras que, para la determinación de las responsabilidades civiles, remite la causa al Tribunal de Cuentas.