La Asamblea de Madrid dio este jueves luz verde, con los votos a favor del PP y del PSOE y la oposición de IU, a la ley de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid, que, entre otras cosas, permitirá la construcción del Aeródromo del Sureste, que se ubicará entre los municipios de El Álamo y Navalcarnero y permitirá el cierre del aeropuerto de Cuatro Vientos, en el centro de la ciudad.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Transportes, Modesto Nolla, ha explicado que su Grupo ha votado a favor tras la "buena disposición del Gobierno" para aceptar muchas de sus enmiendas (presentaron 27 y fueron incorporadas 23), entre ellas, la que tiene que ver con el capítulo de régimen sancionador.  

Sin embargo, para el portavoz de IU, Fausto Fernández, que presentó 18 enmiendas, la ley es "fallida" porque no deja de ser un "ajuste formal" para hacer el Aeropuerto del Sureste, y no entra en la "problemática" que tiene la Comunidad en esta materia, como la situación del resto de aeródromos, como Barajas o el futuro en Campo Real.

Para el portavoz del PP en la Comisión, Pablo Morillo, es "mucho mejor que haya un consenso cuanto más amplio mejor", en referencia al apoyo del PSOE, ya que, según explicó, el objetivo final de todo, "por el bien de los ciudadanos", es que la legislación "perdure en el tiempo".

Según los primeros cálculos, la primera infraestructura aeroportuaria que será puesta en marcha por la Comunidad, una vez entre en vigor la futura ley, será el Aeródromo del Suroeste, cuyo Plan Director está en fase de redacción, y que acogerá a las escuelas de aviación y los vuelos de negocio, que hasta ahora se estaban realizando en otros bases como la de Getafe o Torrejón.

El Aeródromo del Suroeste, que se ubicará en una parcela situada entre la M-404 y la R-5, en los términos municipales de El Álamo y Navalcarnero, aportará, según la Comunidad, un crecimiento de medio punto (0,5 por ciento) a la riqueza regional, al alcanzar el 0,6 por ciento del PIB -siendo actualmente del 0,1 por ciento-, mediante la generación de un volumen de negocio de aproximadamente 1.000 millones de euros con las actividades de aviación ejecutiva y escuelas de vuelo.  

Por otro lado, la futura norma pretende dotar a la región de los recursos jurídicos y administrativos adecuados para gestionar los aeropuertos y helipuertos que sean competencia autonómica. Y es que la normativa desarrolla una competencia recogida en el Estatuto de Autonomía que regula la planificación, autorización, construcción, gestión y régimen de inspección y control de las instalaciones aeronáuticas  competencia autonómica, que se encuentren dentro del territorio madrileño, y que no tengan la calificación estatal de interés general, ni realicen actividades comerciales.

El nuevo texto incluye también la reivindicación regional de participar en la gestión del Aeropuerto de Barajas junto a la Administración Central del Estado y en cualquier otro aeropuerto de interés general situado en el territorio madrileño en el que se acuerde una gestión compartida. Recientemente, el Ministerio de Fomento propuso a la Comunidad la posibilidad de participar en la gestión empresarial de Barajas junto a la iniciativa privada.