El Gobierno de Aragón paga más de 11.000 facturas de energía de 7.310 familias

  • El Gobierno de Aragón ha pagado 11.416 facturas de consumo energético de 7.310 familias con dificultades, con un coste de un millón de euros, en aplicación del convenio firmado con las empresas suministradoras, ha anunciado este jueves la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno autonómico, María Victoria Broto, quien ha comparecido a petición de Podemos para dialogar sobre la recientemente aprobada Ley de reducción de la pobreza energética.
Bombilla, bombillas, luz, electricidad, energía
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EUROPA PRESS
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"Gracias a ese convenio hemos logrado que las familias no hayan sufrido esos cortes de luz", ha expresado la consejera, quien ha descartado cualquier medida de beneficencia.

En su intervención, Broto ha dejado claro que tiene "la firme voluntad de cumplir esta ley" y, si es posible, de adelantar el plazo de seis meses para llevar a cabo el desarrollo reglamentario. "Estamos trabajando en erradicar la pobreza", ha dicho Broto, quien ha rechazado las medidas de austeridad y el "desmantelamiento de las redes de protección".

El primer objetivo de esta norma, ha recordado la consejera, es "que todos los ciudadanos tengan los ingresos y prestaciones suficientes para no tener ningún problema de pobreza en general".

Para acometer el desarrollo reglamentario de esta ley el Ejecutivo está trabajando con "rigurosidad", hablando con trabajadores sociales y quienes gestionan el IASS, y está previsto convocar sendas reuniones del Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales y el Consejo Aragonés. El Departamento tiene la intención de simplificar la tramitación.

Broto ha

recordado que para pagar estas facturas desde el Gobierno es necesario dotar una partida en los Presupuestos, emplazando a Podemos a dialogar, insistiendo en que estos "son vitales"

La diputada de Podemos Amparo Bella ha preguntado si el Departamento de Ciudadanía ha activado las medidas precisas para aplicar esta ley, advirtiendo de que "hoy la emergencia social nos impide mirar para otro lado", cuestionando si "ese Presupuesto que no llega" recoge una partida específica y si está previsto crear una prestación con recursos económicos y humanos.

"Nuestros anhelos radican en no dejar a nadie atrás" y que todos los ciudadanos puedan vivir dignamente de su trabajo, ha planteado, apuntando que potenciar la rehabilitación de viviendas para asegurar la eficiencia energética sería una importante fuente de creación de empleo.

DESCONFIANZA

Desde el PP, Dolores Serrat ha señalado que el Gobierno debe contar con "un mínimo de tiempo" para llevar a término el desarrollo parlamentario, observando que "una cosa es el control y otra el acoso al Gobierno", aseverando que "los socios externos del Gobierno desconfían" del mismo y que Podemos quiere "vender su libro".

En representación del PSOE, Pilimar Zamora ha dicho que la formación morada ha intentado obtener "una foto", considerando que quizás en la próxima ocasión la consejera tenga qué preguntar "qué hacer si no hay Presupuesto". Ha añadido que esta ley no sería necesaria si el Ejecutivo central cumpliera el mandato de las Directivas europeas.

El parlamentario del PAR Jesús Guerrero ha reivindicado el papel de las comarcas, por su papel en la aplicación de esta ley, y ha afirmado que los partidos "siempre se han puesto de acuerdo" en "sacar lo importante", tras lo que ha emplazado a Podemos a dejar "la política virtual" y gobernar.

La diputada de C's Desirée Pescador ha asegurado que "ningún hogar debe sufrir la pobreza energética", urgiendo a intervenir desde todos los Departamentos. Ha opinado que el Gobierno debe disponer del plazo previsto en la ley para desarrollarla, criticando "el uso partidista de los que pretenden seguir sacando rédito político de los más desfavorecidos".

La parlamentaria de Grupo Mixto Patricia Luquin (IU) ha dejado claro que la ley es de obligado cumplimiento, cuando antes de su aprobación estas medidas dependían de la "sensibilidad" del Gobierno. Ha lamentado que "en Aragón tenemos normatitis aguda", en el sentido de que "parece que una vez aprobada la ley se soluciona el problema" cuando "las leyes, per se, no solucionan nada".

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