El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (Coitand) advirtió hoy del peligro del uso de plaguicidas sin el "control" de técnicos competentes, y defendieron la "protección de la salud de los cultivos" para garantizar la producción a unos "precios asequibles" ante la nueva normativa sobre comercialización y uso de plaguicidas aprobada por el Parlamento Europeo.

En un comunicado, los ingenieros técnicos indicaron que la nueva normativa sólo aconseja a los estados miembros la creación de sistemas de formación para distribuidores, asesores y usuarios de plaguicidas y, sin embargo, "no especifica el profesional que debe reunir los conocimientos suficientes para utilizar estos productos".

En este sentido, reivindicaron el papel del ingeniero técnico agrícola como el facultativo responsable del asesoramiento técnico, diagnóstico y prescripción en forma de "receta" de los medios que técnicamente consideren más adecuados en lo que debería ser la medicina vegetal, equiparándose a la medicina humana y veterinaria.

Este tema se analizará en el undécimo Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los días 27, 28 y 29 de enero.

Además, para el Coitand "es fundamental" que el profesional encargado del uso, la aplicación y la distribución de los fitosanitarios "posea un conocimiento riguroso de los productos, de los ciclos de las plagas y de los cultivos para emplearlos en el momento y en las cantidades apropiadas", evitando así riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

Hasta la fecha los ingenieros agrícolas han sido los técnicos competentes que se han encargado del diseño, la prescripción, la distribución y el uso de los fitosanitarios. Sin embargo, la nueva normativa da un paso atrás en ese sentido, según explicó el presidente del undécimo Symposium de Nacional Sanidad Vegetal, Alejandro Rodríguez Barea, ya que no contempla la existencia de esta figura, ni establece qué técnico será su sustituto.

España "en desventaja"

Para el Coitand, la normativa aprobada, que entrará en vigor en 2010, sitúa a los países del sur de Europa "en desventaja" porque se verán "más afectados por las restricciones". Así, estos países, entre los que se encuentra España, sufren mayor número de plagas, debido a la climatología, que los países del norte, cuyos problemas son habitualmente hongos y bacterias, tratados con fungicidas, productos que en su mayoría seguirán aplicándose.

Por lo tanto, las mayores repercusiones se notarán en los países de la cuenca mediterránea con una "más que probable reducción de la producción y de la calidad de los productos debido a las restricciones en el uso de fitosanitarios" que plantea la normativa y que se podría traducir en una bajada de la calidad de los productos españoles.

De esta manera, señaló que hasta ahora los profesionales encargados de la gestión de los plaguicidas seleccionaban los productos en función de los cultivos y las plagas, "en las cantidades y el momento adecuado para su aplicación", pues hay una serie de materias activas que la nueva normativa elimina. Al desaparecer éstas, y al no existir sustitutos para los mismos, habrá "plagas huérfanas", es decir, plagas que se quedan sin tratamiento eficaz, por lo que se aplicarán otros productos menos eficaces que podrían generar problemas en la producción y en la calidad.

Los ingenieros agrícolas creen que "se puede poner en el mercado productos de calidad, cultivados de forma sostenible y con una trazabilidad demostrada", por lo que destacaron iniciativas de empresas en las que se integran todas las herramientas para controlar plagas y enfermedades mediante productos de protección de cultivos y sistemas alternativos como trampas masivas, que gracias a la asistencia técnica profesional proporcionada a los productores, y las consultas periódicas de técnicos especialistas en cada una de las materias, se pueden desarrollar soluciones adecuadas para determinados cultivos mediante estrategias de protección diseñada para toda la campaña —gestión integrada—.