El PP de la Diputación de Cáceres ha propuesto al equipo de Gobierno un plan de inversiones extraordinario, dotado con 27,28 millones de euros, que se sumarían a los 22 millones previstos en el Plan Activa, para que todos los municipios de la provincia, incluidos la capital cacereña y Plasencia, reciban una subvención directa el año que viene, ya que estas dos ciudades suelen quedar fuera de los programas inversores que, normalmente, se destinan a los municpios menores de 20.000 habitantes.

El portavoz del Grupo Popular, Alfredo Aguilera, ha explicado que, una vez liquidadas las cuentas del presente ejercicio, las previsiones económicas de las arcas provinciales apuntan a que habrá un remanente de Tesorería de unos 30 millones de euros y es de ahí de donde el PP quiere que se destinen 27 millones a este plan para inversiones reales en infraestructuras municipales, financiación del gasto corriente y la contratación de personas desempleadas en los municipios cacereños.

La idea es que este plan se incluya como punto en el orden del día del último Pleno del año, que la diputación celebrará en sesión extraordinaria el jueves 27 de diciembre para aprobar los asuntos pendientes del ejercicio. Al ser una convocatoria extraordinaria no se pueden presentar mociones y por eso la necesidad de que vaya en el orden del día para ser debatido y, en su caso, aprobado.

Este plan extraordinario que proponen los 'populares' de 27,28 millones de euros se repartiría entre todas las localidades de la provincia que percibirían una cantidad fija en función de unos tramos de población más una cantidad variable de 7,5 euros por habitante. Se aplicarían dos excepciones: Cáceres, que recibiría un millón de euros y Plasencia, a la que llegarían 750.000 euros.

El resto de municipios recibirían una ayuda que va desde los 64.792 euros que percibiría Campillo de Deleitosa que tiene 68 habitantes censados, hasta los 525.103 euros que irían a parar a Navalmoral de la Mata, con 17.297 habitantes, o los 277.000 de Arroyo de la Luz, por ejemplo.

El destino de las subvenciones lo determinarían los propios ayuntamientos en las cantidades que estimen oportunas aunque se estipula que sean para mejorar infraestructuras municipales como espacios públicos, pagar gastos corrientes de servicios y gastos de personal, inlcuidos salarios y cotizaciones sociales. La financiación correría al cien por cien por parte de la Diputación Provincial a través del remanente de Tesorería.

Aguilera ha justificado esta inversión extraordinaria porque, a fecha 30 de septiembre, la cantidad pendiente de ejecución del Presupuesto de 2018 ascendía a más de 89 millones de euros, por lo que se prevé que se genere un superávit en las cuentas, cuya cantidad podría destinarse a "cubrir las carencias que muchos municipios tienen en infraestructuras".

"Esta es la forma más eficaz de ayudar a los ayuntamientos y a su autonomía local porque se deja que ellos elijan en qué quieren gastar el dinero y así se agilizan los trámites para que los expedientes no se dilaten", ha apuntado Aguilera que ha estado acompañado por varios diputados de su grupo.

LEY DE GARANTÍA DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

Precisamente, respecto a la ley de Garantía de la Autonomía Municipal que se aprobó ayer en la Asamblea de Extremadura, Aguilera ha aplaudido que se haya logrado dotar al Fondo Regional de Cooperación Municipal con una partida de 76 millones de euros para que los ayuntamientos puedan asumir sus competencias, algunas de ellas impropias de la administración local.

La norma en cuestión, que viene a desarrollar el artículo 55 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, por lo que requería de la mayoría absoluta de la Asamblea para ser aprobada, pretende garantizar mejores servicios públicos y hacer más eficaz el reparto competencial de las instituciones de la región.