El exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, número dos de la entidad, ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que en febrero de 2012 advirtió al entonces presidente, Rodrigo Rato, de que las 'tarjetas B' que tenían los directivos constituían "una mala praxis bancaria". "En treinta años de vida profesional en la banca no había visto algo similar", ha asegurado, según fuentes jurídicas presentes en su comparecencia.

Verdú, que ha declarado como testigo en la pieza separada del 'caso Bankia' en la que se investigan las visas opacas de Caja Madrid y Bankia, ha explicado que esta conversación con Rato se produjo cuando éste le entregó su 'tarjeta B', que tenía un límite de 75.000 euros. Sin embargo, según ha dicho, él la rechazó en ese momento y ni siquiera quiso "sacarla del sobre".

El compareciente ha apuntado que la tarjeta era una forma de sortear el real decreto que obligaba a reducir a un máximo de 600.00 euros anuales las retribuciones anuales para los directivos de las entidades que habían recibido ayudas públicas y que Rato le dijo que "podía utilizarla como quisiera". A pesar de que se negó a firmar el contrato, en el documento aparece una firma que, según ha dicho Verdú ante el juez, no es la suya.

Tras apuntar que también rechazó utilizar la visa porque no estaba incluida en su contrato, que incluía una retribución fija, otra variable y un seguro de salud, el exconsejero delegado de Bankia ha señalado que el salario que había pactado cuando se incorporó a la entidad en junio de 2011 se redujo una cuarta parte en el ejercicio siguiente, a pesar de lo cual prefirió no recibir otras compensaciones por "oficio bancario".

También ha declarado este viernes el director de Auditoría de Bankia, Iñaki Azaola, que ha asegurado que la investigación interna sobre las 'tarjetas B' se inició en enero de 2014, cuando miembros de su departamento le entregaron tres hojas en las que constaban los desgloses de visas que habían sido anuladas en diciembre de 2011 y mayo de 2012.

Azaola, que ha ratificado que las tarjetas estaban fuera del "circuito establecido" y no eran conocidas por el departamento de recursos humanos, ha apuntado que él no informó de la existencia de las tarjetas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, y que desconocía quién había tomado esta decisión.

Tampoco ha sabido explicar quién decidió pedir un informe a un asesor externo y por qué cuatro directivos de la entidad devolvieron lo que habían gastado antes de que se conociera el escándalo.

A preguntas de los abogados de las defensas, Azaola ha explicado la verosimilitud de que en los desgloses de las 'tarjetas B' aparezcan cargos simultáneos en distintas ciudades porque la anotación corresponde al momento en el que se carga el gasto en el sistema y no exactamente a cuando se realiza. "Todos los cargos han supuesto un gasto", ha asegurado.

Por su parte, los exconsejeros de Caja Madrid Íñigo Aldaz y Esteban Tejera, que según el informe interno de Bankia no habrían utilizado su tarjeta opaca, han asegurado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 que en realidad nunca tuvieron un plástico de estas características.

Tanto Aldaz, que fue consejero de la filial Caja Madrid Corporación Financiera entre 1997 y 2000, como Tejera, presidente de Caja Madrid Seguros Generales en esas mismas fechas, han dicho que dispusieron únicamente de una tarjeta "normal" para gastos de representación y que siempre aportaron a la entidad sus correspondientes justificantes.