El sindicato Comisiones Obreras ha presentado una demanda de conciliación para que casi 7.600 trabajadores de la enseñanza concertada de la Comunidad recuperen una cuantía cercana a 1,5 millones de euros que les fue detraída de la nómina de diciembre de 2012 con cargo a la paga extra, al igual que ocurrió con los empleados públicos.

Esta demanda de conflicto colectivo, que ya se ha presentado en otras comunidades como Madrid, Cantabria, Aragón o Castilla-La Mancha, busca el mismo objetivo que las acciones judiciales emprendidas en el ámbito de los empleados públicos para reclamar la devolución de la parte devengada de la paga extra aunque en el caso de los trabajadores de la concertada, el procedimiento tiene diferente naturaleza.

Así lo ha explicado la responsable de Enseñanza Privada de CC.OO. Castilla y León, Pilar Moreno, quien ha recordado que con la medida llevada a cabo se busca que los trabajadores de la enseñanza concertada, educación especial concertada y centros de asistencia y educación infantil concertada puedan recuperar la parte retribuida de su nómina y no de su extra de diciembre de 2012.

En este sentido, ha precisado que a los docentes de Primaria y 1º y 2º de Secundaria les paga el salario la Consejería desde la transferencia de las competencias y que, desde el año 2000, cobran además un complemento de analogía que buscaba en su momento la equiparación del 96 por ciento de sus sueldos con los de los trabajadores públicos.

De este modo, los trabajadores de la concertada cobraron en diciembre de 2012 su paga extra, al contrario que los empleados públicos, pero no su sueldo (ronda entre los 1.769 de los docentes de ESO Secundaria a los 1.637 de Infantil y Primaria), dado que esta cantidad equivalía a la parte detraída a sus homólogos de la pública.

Moreno, quien ha señalado que este martes tendrá lugar un acto de conciliación en el Serla, se ha mostrado convencida del éxito de la iniciativa, que cuenta con el aval de los servicios jurídicos del sindicato y que han emprendido en solitario, ya que, ha apostillado, la cantidad se les podía haber detraído desde julio, cuando salió la normativa, y no desde enero, aspecto que vulnera los acuerdos colectivos, que no acepta la retroactividad.

Por su parte la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Castilla y León, Elena Fernández, ha explicado que se han celebrado distintas reuniones con la Administración educativa a fin de encontrar una "salida negociada" para que se devolviera esa cuantía detraída y ha lamentado que, "una vez más", la Junta les "condene" a acudir a los tribunales.

Asimismo, Fernández ha aclarado que en las comunidades autónomas ya mencionadas la demanda de conflicto ha sido interpuesta de manera conjunta por las organizaciones sindicales, al contrario de lo ocurrido en Castilla y León, donde "parece" que el resto de centrales mayoritarias "no han tenido a bien defender en los tribunales" los derechos de estos trabajadores.