"El nivel de los políticos es cada vez más bajo". Es una de las frases que este miércoles pronunció José María Aznar en un charla que protagonizó en la conferencia ‘Los Diálogos del Centenario", organizada por el Diario de Soria. A pesar de este enunciado, al expresidente del Gobierno y actual presidente de la Fundación Faes no le importó estar acompañado en todo momento por José Luis Ulibarri, editor burgalés de ese diario, uno de los organizadores del acto y uno de los principales imputados en la trama Gürtel. Junto a Aznar y Ulibarri estuvieron la presidenta del PP de Soria Marimar Angulo; el presidente de la Diputación de Soria, Antonio Pardo; el delegado territorial de la Junta de Castilla y Léon, Manuel López; y la subdelegada del Gobierno, María José Heredia. El aforo, de 300 localidades, se llenó.

Ulibarri aparece en el primer informe de agosto de 2008 que la Audiencia Nacional hizo sobre esta trama. En ese informe, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía describe a José Luis Ulibarri Cormenzana como "presidente del Grupo Begar. Íntimo amigo de Correa y al corriente en todos los últimos negocios: Boadilla, Valencia o Senegal. Especial referencia a él por su tema de la parcela de Boadilla por la que dio a Correa una importante comisión que repartió con el alcalde".

El nombre de Ulibarri aparece en las grabaciones que aportó a la Justicia un exconcejal de Majadahonda (Madrid). En octubre de 2006, en una de esas grabaciones, Correa habla de su amigo Ulibarri: "Le he vendido mi barco, en la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela...debemos ayudarle". ¿A qué parcela se refiere? En 2006, Correa logró que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte adjudicara a UFC, S.A., propiedad de Ulibarri, unos terrenos municipales para construir pisos, pese a que la oferta de la constructora era la más baja y no aportaba ninguna ventaja frente a sus competidoras en el concurso público. Ulibarri pagó 35 millones por esos terrenos para construir en ellos la urbanización Boadilla Park con 135 viviendas de lujo. El Consistorio estaba gobernado entonces por Arturo Gonzalez Panero, alias 'el albondiguilla', también imputado.

Los pisos nunca se construyeron porque la trama Gürtel se destapó. UFC presentó suspensión de pagos y una de las acreedoras, el banco Santander, se hizo cargo de las viviendas a través de la inmobiliaria Altamira. Un informe de la UDEF fechado el 29 de julio de 2011 señala que Ulibarri pudo pagar un millón de euros en sobornos por esa adjudicación. Ulibarri declaró que pagó un millón de euros a la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones, dirigida por el también imputado Jacobo Gordon, amigo de Correa y de yerno de Aznar, Alejandro Agag.

La UDEF también investigó un pelotazo urbanístico que Correa quería dar con Ulibarri en el municipio de La Nucía (Alicante). El negocio consistía en la adquisición de unos terrenos no urbanizables, para luego recalificarlos mediante la aprobación de un PAI (Programas de Actuación Urbanizadora). Los terrenos iban a ser adquiridos por el grupo Begar (de Ulibarri). El objetivo era comprar barato y una vez recalificado vender por más del doble del precio de adquisición. Correa se encargaría de desbloquear "el tema medioambiental a través de un contacto suyo, un cargo público valenciano", según la UDEF.

"Ulibarri pone la pasta, vamos al 50%, y de mi 50% reparto con Ramón Blanco, Alvaro, Pablo Crespo y el alcalde [en alusión al Alcalde de la Nucía]", señala Correa en una grabación. "El que lo desbloquea soy yo que tengo el contacto, que es el hijo de puta de Esteban Pons, nombrado Conselleiro de obras públicas antes, antes era de presidencia. ¿Os acordáis?, ¿el que estaba en el senado?, pues ese.... ese me lo arregla, con la que está cayendo en Valencia.... se la pela, todo se la pela", dice Correa a sus interlocutores. Finalmente está operación no se llevó a cabo.

En febrero de este año, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el auto del juzgado de instrucción número 5, que investiga el 'caso Gürtel' que rechazaba el archivo de la causa contra Ulibarri, que sigue imputado por cohecho.