El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, ha confiado en poder resolver en tres o cuatro meses la polémica sobre los 51 millones que el Ayuntamiento reclama a la anterior concesionaria del transporte urbano de autobús, Tuzsa.

Gimeno ha avanzado que se ha formado la comisión que analizará esta reclamación para señalar que "ponemos en marcha la maquinaria para intentar llegar a un acuerdo con la empresa lo más rápidamente posible y así resolver las diferencias".

En rueda de prensa, ha explicado que se han abierto dos expedientes administrativos diferenciados, sobre la revisión de precios entre los años 2009 y 2013 y sobre los bonos de transporte a trabajadores y familiares desde 1982 a 2013, que entre ambos suman 51 millones de euros para analizar el desequilibrio económico.

"No aceptamos la revisión de precios de los años 2011 y 2012 y la reclamamos a efectos de la decisión que se adoptó en el 2009 cuando se cambió la fórmula polinómica por los ajustes de precios y creemos que da lugar a utilizar otro criterio sobre los aumentos salariales", ha sintetizado.

El informe de la auditoría de la firma Moore Stephens LP, S.L. sobre la revisión del equilibrio económico del contrato del transporte del bus urbano, dado a conocer este martes, realiza un análisis que utiliza como base jurídica el informe emitido en 2011 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, sobre las posibilidades de revisar el equilibrio económico en los contratos de larga duración del Ayuntamiento de Zaragoza.

La finalidad es determinar las consecuencias de la aplicación de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, que determina que en las revisiones de precios que hayan de realizarse a partir del 31 de abril de 2009 deberá excluirse el efecto de la variación de precios de la mano de obra.

"las nóminas no peligran"

Este retraso de casi tres años en reclamar los 51 millones de euros, según Gimeno es porque "no afecta al precio que pagábamos, pero éramos conscientes de que la empresa tendría que pagarnos a nosotros y había elementos para empezar a pensar en la compensación".

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento "tiene poderes para cobrar" y tras apuntar que se puede llegar al embargo se ha mostrado convencido de que "no se dará esa situación", si bien ha reconocido que la empresa "está en su derecho de acudir a los tribunales si no está conforme".

A su parecer, "el Ayuntamiento ha actuado correctamente desde el principio", para apuntar que "se han paralizado los pagos a Tuzsa porque defendemos los intereses municipales y esperamos a que se clarifique la situación".

En cuanto a la actual contrata, AUZ, Gimeno ha indicado que "se le abonará todo cuando los técnicos den el visto bueno a las certificaciones" para recordar que el Ayuntamiento "paga a más de 30 días" y ha aseverado que "se ha pagado antes y después del acuerdo" sobre la recolocación de los 125 despedidos forzosos.

Al respecto, ha expresado su satisfacción por el acuerdo entre trabajadores y empresa para la recolocación pero ha apostillado que "el acuerdo de ahora es peor que el de agosto". También ha querido dejar claro que "las nóminas no peligran por parte del Ayuntamiento".