La Unión de Consumidores de España (UCE) en Avilés ha denunciado este sábado una práctica que "ya es habitual en los últimos años", como que la petición de un crédito hipotecario sea aprovechada por las entidades bancarias para contratar servicios que no son obligatorios, que llegan a encarecer la vivienda hasta en un 20%.

El responsable del servicio jurídico de UCE en Avilés, Álvaro Carballo, ha aclarado que la actual legislación sólo exige a quien contrata el préstamo hipotecario un seguro de incendios.

No sería obligatorio, por tanto, un seguro de vida, de incapacidad temporal o de desempleo, ni el de prima fija, ni el de defectos constructivos, ni contratar un plan de pensiones.

"Por ley tampoco es obligatorio domiciliar nóminas, ni recibos, ni contratar otros servicios como la suscripción de tarjetas de crédito", ha explicado Carballo.

Sin embargo, las entidades bancarias "suelen obligar al consumidor" a contratar este tipo de servicios como condición para la obtención del crédito.

La exigencia en muchos casos de avales personales, además de otras garantías, suponen "someter al consumidor a esfuerzos excesivos" que el volumen y riesgo de la operación para la entidad de crédito "no siempre justifican".

Todo ello provoca un incremento de hasta un veinte por ciento de los costes de adquisición de la vivienda "pero también un nivel de sobregarantía y sobrecobertura del préstamo poco o nada justificable".

Además, estos productos adicionales están orientados fundamentalmente a respaldar la garantía de las entidades bancarias "más que la del propio consumidor".

Ahorro por subastas

Las dificultades para poner precio a la vivienda y el incremento de la morosidad ha triplicado en dos años la subasta de inmuebles, según el secretario de la Asociación Nacional de Expertos en Gestión de Enajenaciones y Subastas (ANEGES), Javier Zapatero.

Estas subastas ofrecen descuentos del 15 ó 20% respecto a los precios de la vivienda en el libre mercado.