La Policía Judicial de la Guardia Civil ha iniciado una investigación para determinar si el exalcalde de Cantoria Pedro Llamas sigue ejerciendo 'de facto' como presidente de la corporación local pese a estar inhabilitado en firme y haber renunciado a su acta de concejal para cumplir la sentencia que le prohíbe ejercer cargo público durante 23 meses por falsedad y omisión del deber de perseguir delitos.

La actuación policial, que ha derivado, entre otras diligencias, en el interrogatorio de funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento, ha sido ordenada por la Fiscalía Provincial después de que el grupo municipal del PSOE elevase escrito el pasado 23 de octubre en el que instaba al Ministerio Público a la adopción de las medidas "oportunas y procedentes" ante lo que consideran una "burla" de Llamas a la Justicia y los vecinos del municipio.

El citado escrito, consultado por Europa Press y en el que se apunta que el exrregidor podría estar incurriendo en un presunto delito de quebrantamiento de condena, relata algunos episodios que evidenciarían que "sigue estando en el Ayuntamiento ejerciendo como alcalde y actuando como antes de que se ejecutara la sentencia" condenatoria dictada por la Audiencia Provincial y ratificada por el Tribunal Supremo (TS).

Así, detalla que la forma de actuar "en su día a día" desde que renunció a su acta de concejal en un pleno que se celebró el 3 de octubre es "presentarse a las 08,00 horas" en el almacén municipal, "donde los trabajadores se reúnen para que los encargados les distribuyan por las distintas obras que se están realizando".

En ese momento, según relata, "Llamas llama desde su coche sin bajarse del mismo a los encargados e, incluso, a algún trabajador y les indica lo que hay que hacer. Da instrucciones oportunas, sin pudor alguno, poniendo en un compromiso y en una situación muy desagradable a empleados municipales".

En el escrito, el grupo municipal del PSOE indica, asimismo, que, una vez que "da las instrucciones", se dirige a las oficinas del Consistorio, "abre con su llave el despacho de la Alcaldía y se sienta en la mesa para departir con los vecinos, y con los empleados de oficinas". "Mucha gente de la calle incluso cree que no ha dejado de ser alcalde", remarcan.

Los socialistas trasladan, asimismo, a Fiscalía que la situación para los empleados municipales, "según nos han transmitido muchos de ellos", supone un "trastorno terrible para su funcionamiento y un enorme contrasentido que les hace estar terriblemente contrariados". "Siente —añaden— que están obedeciendo órdenes de una persona condenada por la justicia, y que, por temor, no pueden reprocharle su actitud y la usurpación de cargo que está haciendo".

Subrayan, en esta línea, que los hechos descritos "son fácilmente constatables" y comunican al Ministerio Público que "se puede preguntar sobre los mismos a cualquier empleado público, o a cualquier vecino, que lo ve a diario en el Ayuntamiento, con las mismas funciones que ha tenido siempre".

Para reforzar la denuncia por un supuesto quebrantamiento de condena, el escrito subraya que Llamas sigue siendo siendo presidente de la Comunidad de Regantes 'Riegos de la Oica', lo que, a su juicio, "si se ejecuta la condena, debe dejar también el cargo de Presidente de la Comunidad de Regantes, cosa que ni ha hecho, ni parece que piense hacer".

Tras confirmar el Supremo en junio el fallo dictado en 2012 por la Audiencia Provincial, Pedro Llamas renunció a la Alcaldía aunque mantuvo su acta de concejal para asumir como liberado la Concejalía Delegada del Área de Presidencia, Obras y Servicios, Agricultura y Pedanías por la que percibía una retribución mensual bruta de 3.568,40 euros, lo que suponía el salario anual de 49.957,60 euros que cobraba como regidor. Argumentó estar a la espera de la resolución sobre un incidente de nulidad. El TS rechazaba en septiembre ese incidente, tras lo que renunciaba también a su acta de concejal.

Llamas está condenado a dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por faltar a la verdad en un escrito "con sello oficial" del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica, en el que negaba haber dado autorización para el suministro de luz y agua a una promoción de cuatro viviendas construidas en no urbanizable y por no denunciar estas edificaciones ni incoar ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad.