La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha asegurado este martes que la mayoría de las entidades bancarias se han adherido ya al Código de Buenas Prácticas (CBP) bancarias impulsado por el Gobierno de España para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, lo que, en su opinión, demuestra la "solidez" y "efectividad" de las medidas promovidas por el Ejecutivo central para proteger a las familias en riesgo de desahucio, así como el "compromiso" de las entidades bancarias ante este problema.

Según detalla la Delegación del Gobierno en una nota, el Código de Buenas prácticas forma parte del paquete de medidas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para proteger a las familias en riesgo de desahucio, unas medidas de las que Crespo destaca que todas ellas son "efectivas y consensuadas".

Por ello, ha pedido a la Junta de Andalucía que "no utilice a las familias que se encuentran en esta situación, deje de hacer confrontación política contra el Gobierno de España y abandone la demagogia, que ahora quiere trasladar al ámbito municipal, en un asunto de tanto calado social como son los desahucios". "Las entidades bancarias ya se han comprometido con las familias en riesgo de desahucio formalizando su adhesión a este código", ha dicho.

La delegada ha explicado que, este código, al que se pueden adherir de forma voluntaria las entidades de crédito y demás entidades que, de manera profesional, realizan la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios, ofrece posibilidades para la reestructuración de la deuda hipotecaria a quienes padecen extraordinarias dificultades para atender al pago de la hipoteca de su vivienda. Además, ha afirmado que este código "permite al deudor fijar una quita, negociar aplazamientos y, en última instancia, la dación en pago".

Hasta el momento, según la Delegación del Gobierno, más del 90 por ciento de las entidades bancarias, lo que representa la práctica totalidad de las que tienen actividad hipotecaria en la comunidad autónoma andaluza, se han adherido a este código.

Otras medidas de protección

Por otra parte, Crespo ha defendido otras medidas que el Gobierno de España ha impulsado en materia de desahucios, como la limitación de los intereses de demora, la dación en pago para familias que no puedan afrontar el pago de la hipoteca con el 60 por ciento de todos sus ingresos y la paralización de los procesos de desahucio por dos años cuando las familias se encuentran en riesgo de exclusión social, una medida aprobada en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

Crespo también ha recordado el Gobierno ha puesto en marcha un Fondo Social de Viviendas, para aquellas familias que hayan sufrido desahucios desde enero de 2008 (el inicio de la crisis) a las que podrán acceder a través de un alquiler con un precio moderado en función de sus circunstancias socioeconómicas. En Andalucía, existen 858 viviendas dentro del Fondo Social de Viviendas promovido por el Gobierno, repartidas en 79 municipios.