Una sentencia obliga a Gullón a readmitir a su ex director general o a indemnizarle con 8,2 millones

Una sentencia del juzgado de los Social número 2 de Palencia obliga a la empresa Gullón S.A., ubicada en Aguilar de Campoo, a readmitir a su ex director general, Juan Miguel Martínez Gabaldón, o a indemnizarle con 8.239.832,6 millones de euros al considerar su despido como improcedente.

Una sentencia del juzgado de los Social número 2 de Palencia obliga a la empresa Gullón S.A., ubicada en Aguilar de Campoo, a readmitir a su ex director general, Juan Miguel Martínez Gabaldón, o a indemnizarle con 8.239.832,6 millones de euros al considerar su despido como improcedente.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, estima parcialmente la demanda interpuesta por Gabaldón, que pedía 14 millones de euros de indemnización, y obliga además a la empresa a pagar 4.514,97 euros diarios desde el pasado 3 de noviembre en concepto de salarios de tramitación.

Dicha cantidad, teniendo en cuenta los 157 días transcurridos hasta la fecha, supone un abono de 708.850 euros, que deberá ser efectivo al margen de la readmisión o indemnización que decida la empresa. La sentencia contempla también la posibilidad de la presentación de un recurso de suplicación ante la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, que deberá en todo caso hacerse efectivo en el plazo de cinco días hábiles.

El conflicto entre ambas partes comenzó el 25 de mayo de 2009, cuando Gabaldón firmó un contrato para arrendar con opción de compra unos terrenos de su propiedad a la Gullón S.A. con la presidenta del Consejo de Administración, María Teresa Rodríguez.

El resto del Consejo de Administración, sin embargo, consideró que Gabaldón había actuado con "deslealtad", "abusando de la confianza de la presidenta del Consejo de Administración o en connivencia con ella". En concreto, criticaron las cláusulas "leoninas y lesivas" de dicho contrato, por lo que el 31 de octubre determinó su "cese inmediato", así como la revocación de María Teresa Rodríguez como presidenta del Consejo de Administración.

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