El exsecretario de Organización del PSC y diputado del Parlamento catalán Daniel Fernández, el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC) y su hermano Francisco Bustos declaran este martes como imputados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Los hermanos Bustos han llegado esta mañana al Palacio de Justicia de Barcelona acompañados de su tercer hermano, Joaquim, así como de su abogado, nueve concejales, miembros de la ejecutiva local del PSC y simpatizantes. El actual alcalde, Joan Carles Sánchez, y la concejal de Economía, Montserrat Capdevila, no han acudido al encontrarse en un acto institucional sobre el sincrotrón Alba de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Los Bustos y Fernández, citado para esta tarde, declararán por presuntamente presionar para colocar a la exalto cargo del tripartito Carmina Llumà como directora del área territorial en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona).

La Sala Civil y Penal del TSJC decidió la imputación de Fernández el 15 de marzo después de recibir del titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell, Ramón González --que investiga el 'caso Mercurio'--, una exposición motivada y la documentación sobre la pieza separada número 5 de la causa que afecta a Fernández.

Según esta exposición de motivos, Fernández --que había sido diputado en el Congreso-- presionó a la alcaldesa, a la que llegó a decir, según recoge una escucha con Bustos: "Que al 'No apta' le quiten el 'No", en referencia a las pruebas de personal para este puesto, lo cual puede ser un delito de tráfico de influencias.

Por este caso declaró el viernes la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, que negó haber recibido presiones para escoger a Carmina Llumà, alegando que era su candidata preferida por sus conocimientos en urbanismo ya que había sido secretaria general de Política Territorial con el tripartito, y añadió que nadie la presionó para tomar esta decisión.

En su declaración negó haber hablado o recibido llamadas de Manuel Bustos y de su hermano, aunque sí admitió haber hablado del proceso de selección del puesto con el exsecretario de organización del PSC y diputado autonómico Daniel Fernández.

Lo hizo en dos ocasiones: una primera para informarle de que estaba buscando a una jurista de urbanismo que debía abordar las problemáticas urbanísticas heredadas en el municipio, y una segunda vez para explicarle que su candidata preferida era Llumà.

Quien sí admitió el viernes presiones fue la psicóloga responsable del informe de evaluación de Llumà: explicó que, tras emitir un primer dictamen declarándola 'no apta', mantuvo una reunión en el consistorio a la que asistieron la alcaldesa; el concejal de Urbanismo, Juan Parra; la de Seguridad Ciudadana, Informática, Recursos Humanos, Transportes y Movilidad, Carmen Porro, y el director de Recursos Humanos, Pedro Sarrión.

Según explicaron fuentes judiciales, en esa reunión --que es poco habitual en estos procedimientos y se produjo después de las conversaciones sospechosas entre Bustos y Fernández de mayo de 2012--, la evaluadora recibió presiones y acabó bajando el listón para que fuera apta.