La responsable de Presidencia de IU-Verdes en la Región de Murcia, Esther Herguedas, ha criticado que los alcaldes van a quedar sólo "para acompañar pasos de Semana Santa" por culpa de la reforma de administración local que prevé ejecutar el Gobierno central, porque el proyecto plantea "arrebatar competencias a los municipios y quitarles la subvención correspondiente".

Por ejemplo, Herguedas explica que los ayuntamientos dejarían de gestionar competencias tales como los servicios sociales —quedándose sólo los de primera necesidad—, las políticas de medio ambiente, vivienda o igualdad, entre otras muchas. De esta manera, los municipios se encargarían solo de "parques, jardines, las basuras y los cementerios".

Por todo ello, IU-Verdes exige la retirada total de la propuesta que, además, se ha realizado "sin el consenso por parte de los ayuntamientos y las comunidades autónomas", según ha destacado Herguedas en una rueda de prensa que ha ofrecido junto con el responsable de Política Municipal de esta formación política, José Luis Álvarez-Castellanos.

Para ello, IU-Verdes va a llevar a cabo una campaña informativa consistente en el reparto de folletos informativos para alertar a la población sobre las consecuencias de la reforma, al tiempo que va a realizar reuniones con sindicatos, funcionarios, organizaciones sociales y asociaciones de vecinos.

Asimismo, IU-Verdes se propone llevar a cabo esta campaña en las redes sociales y también a nivel institucional, mediante la presentación de mociones en los ayuntamientos. Además, el próximo viernes, 12 de abril, tendrá lugar unas jornadas municipales en Murcia para informar sobre esta cuestión.

"despidos y privatizaciones"

Herguedas, concejala de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, ha destacado que la reforma cuenta con una importante oposición, ya que "no la aceptan ni los del PP". Es por ello por lo que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación de Municipios de la Región, con mayoría de municipios gobernados por los populares, han presentado alegaciones al proyecto.

Ha subrayado que los defensores de la reforma alegan que se basa en la racionalidad en el gasto, pero esto no es otra cosa que "despidos y privatizaciones". Además, critica que los que hablan de que el proyecto aportará equilibrio económico, se refieren a que habrá "tutelaje para impedir hacer política".

Álvarez-Castellanos, edil en el municipio de Mula, ha criticado que la reforma pone una "espada de Damocles" sobre los ayuntamientos, a los que amenaza con la intervención económica "si no se ajustan a los estándares de lo que deben de costar los servicios públicos". Sin embargo, lamenta que se desconoce "cuáles son esos estándares".

Ha explicado que, por ejemplo, la reforma supondrá que ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, como el de Mula, que ahora tiene dos concejales liberados pueda llegar a tener "siete liberados y dos asesores", lo que supone multiplicar el gasto hasta por cuatro.

En este sentido, Herguedas critica que los alcaldes van a ser "simples funcionarios manejados por el Gobierno central", por lo que la reforma va a suponer "retrotraerse en el tiempo y cambiar los primeros ediles por caciques".

Por ejemplo, ha explicado que algunos de las competencias que se pretenden retirar a los municipios "sólo se podrán seguir desarrollando si se hacen cargo de ellas grandes empresas privadas, como es el caso del agua o la gestión de residuos urbanos". Esto supone "condiciones precarios para los trabajadores y sueldos bajos".

Ante esta situación, Herguedas insiste en exigir la retirada completa de la reforma. Asimismo, solicita una ley de suficiencia financiera que elimine la cultura de la subvención, y defiende los ayuntamientos frente a las diputaciones, que son "órganos arcaicos y franquistas".

En este sentido, IU-Verdes apuesta por un modelo centralizado, respetando el hecho de que las tres administraciones "se sitúen en el mismo nivel desde el punto de vista constitucional".

Cabe recordar que el primer borrador de la reforma fue presentado el pasado 15 y todavía "tiene que pasar el informe del Estado y el proceso de alegaciones", aclara la responsable de IU-Verdes.