La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, ha anunciado que este jueves tiene previsto reunirse con los alcaldes de los ayuntamientos de la comarca del valle del Almanzora en Almería para analizar los planeamientos urbanísticos y analizar los inventarios efectuados sobre las viviendas de la zona, incluidas las ilegales, fruto de los convenios firmados con diez ayuntamientos de la zona, "que fueron los que quisieron colaborar con nosotros".

En respuesta a una pregunta parlamentaria en comisión, la consejera ha indicado que tras dicho encuentros, los municipios ofrecerán información a los vecinos.

Sobre el caso almeriense, la consejera ha recordado que en algunos casos "personas de otros países se han instalado de forma ilegal" por lo que "los vecinos quieren que resolvamos un problema que algunos de ellos han generado", tras lo que ha recordado las conversaciones mantenidas al respecto con la Embajada británica, país de donde proceden los propietarios de esas viviendas establecidas ilegalmente en el territorio.

La consejera cree que el problema de las viviendas ilegales se ha producido en Andalucía por "una falta de respeto a la cultura del territorio y del paisaje, a lo que se dará respuesta dentro de la legalidad", tras lo que ha recordado la conclusión de los inventarios en Almería y también en la comarca de la Axarquía en Málaga, así como la elaboración de una normativa que permita una mayor agilidad en la tramitación y resolución de esta problemática.

Por ello ha criticado la "confusión y el oportunismo del PP" con sus criticas a la actuación de la Junta, que frente a las acusaciones de "electoralismo" ha recordado que "lleva tiempo activando diferentes medidas con el objetivo de contribuir a resolver la problemática generada por las edificaciones construidas en suelo no urbanizable".

Respecto a estas soluciones, Cruz Villalón ha explicado que todas las medidas a adoptar han de sustentarse en dos premisas fundamentales, como son, en primer lugar, "colaborar estrechamente con los municipios para avanzar en la resolución del problema y, en segundo lugar, las iniciativas que se lleven a cabo en ningún caso han de suponer coste alguno para las administraciones públicas".

Asimismo, a juicio de la consejera, ambas premisas han de ser transversales a las líneas de trabajo que se desarrollan desde Obras Públicas y Vivienda en cooperación con los ayuntamientos. Estas actuaciones, ya en marcha, son el fomento de la redacción de planeamiento urbanístico, la realización de inventarios de edificaciones ilegales, la elaboración de una normativa que permita una mayor agilidad en la tramitación y resolución de esta problemática, así como el refuerzo de la política preventiva.

Ha apuntado todas estas medidas tienen un carácter regional y común para todos los municipios y comarcas de la comunidad autónoma, tras lo que ha recordado que la Consejería trabaja en los inventarios de dos zonas especialmente caracterizadas por esta cuestión, como son la Axarquía de Málaga y la comarca del Almanzora, en Almería, consideradas zonas prioritarias y donde la Junta está elaborando inventarios directamente o mediante convenios con los ayuntamientos. Los documentos, según ha añadido la consejera, se ponen a disposición de los consistorios para elaborar los correspondientes planes de inspección.

Cruz Villalón ha hecho hincapié en la necesidad de "reforzar la política preventiva". En este sentido, ha garantizado que "se intensificarán los programas de inspección propios de la Junta de Andalucía, prestando especial atención a las actuaciones en fase de construcción y al control de actuaciones en el ámbito de la responsabilidad autonómica (parcelaciones, suelos protegidos o sistemas generales". Por otra parte, ha añadido, los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subrregional también están incorporando determinaciones que tratan de acotar, a nivel territorial, la problemática de las parcelaciones y edificaciones en suelo no urbanizable.

Criticas del pp

Por su parte, la diputada del PP Alicia Martínez ha recordado que "hace dos años el PP propuso esas normas directoras para la legalización de las más de 300.000 viviendas ilegales que estimamos que existen Andalucía y el PSOE votó que no y ahora casualmente, meses antes de las elecciones municipales, se propone la legalización de sus viviendas".

Martínez, quien no confía en el decreto anunciado "ni tampoco los vecinos", ha recordado sobre el caso de Almería que "llevan más de siete años en la comarca del Almanzora esperando la resolución de sus problemas y en una situación de limbo legal y en ese tiempo no se legalizado ni una sola vivienda".

Asimismo, ha precisado que los afectados "en su mayoría son ciudadanos británicos que han mostrado su voluntad de participar en los grupos de trabajo con la Consejería, pero la Junta unilateralmente anuncia la creación de un decreto sin que se conozca por ninguna de las partes en qué va a consistir, no ha participado los vecinos ni existe un borrador".

"Es un fallo absoluto de la Consejería, pues los ayuntamientos no han podido sacar sus planes en muchos casos ni se han podido normalizar esas viviendas irregulares, lo que ha supuesto un daño absoluto a la economía de esas comarcas y ante las posibles demoliciones se producirían daños incalculables", ha agregado Martínez, quien se lamenta que los ayuntamientos "están totalmente desorientados y en plena confusión".

Asimismo, ha criticado que la Junta "en lugar de ponerse de acuerdo con los ayuntamientos ha recurrido ante los tribunales esas licencias urbanísticas municipales; existe una paralización total y preocupante".

Por ello, ha pedido "soluciones para todos por igual y no soluciones a la carta, como se dan en este momento; no se puede anunciar a dos meses de las municipales que se van a legalizar esas viviendas, hay que tener más rigor y más seriedad".