El subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, ha mostrado este martes su preocupación por la existencia de asentamientos en las zonas agrícolas de la provincia, ya que estas personas "viven en condiciones muy desfavorables". No obstante, ha indicado que "no se han incrementado en lo que va de campaña".

En declaraciones a los periodistas antes de mantener un encuentro con el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Fresas de Huelva, Freshuelva, Alberto Garrocho, y el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, para analizar la situación de los regadíos del Condado, Pérez Viguera ha asegurado que desde la Subdelegación están atentos a las peticiones que puedan realizar los propietarios de las fincas o los municipios, que pueden solicitar el desalojo, una acción que precisa de una autorización judicial correspondiente, que "la Subdelegación cumplirá".

El subdelegado ha indicado que los asentamientos "existen desde hace tiempo, y en la mayor parte de los casos plantean problemas de higiene y sanitarios", por lo que ha agradecido la labor de la Cruz Roja Española que está visitando estos asentamientos y comprobando el estado de salubridad de las personas que viven en él.

Por su parte, el alcalde de Lepe, el 'popular' Manuel Andrés González, ha remarcado al respecto que en su localidad no han detectado "un aumento" en el número de asentamientos respecto al resto del año.

Según ha detallado, en los últimos años, como consecuencia de crisis, los empresarios agrícolas atienden "principalmente la mano de obra local", a lo que ha añadido que los inmigrantes que conviven en los asentamientos "son ilegales".

En esta línea, ha insistido en que "levantar un asentamiento no es la solución porque estas personas viven en condiciones infrahumanas y tiene que dormir en un sitio en concreto". Por ello, ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento de Lepe "siempre ha demandado que se construya un albergue para inmigrantes, cuya competencia la tiene la Junta de Andalucía".

Al respecto, González ha recordado que el Ayuntamiento lepero en tiempos de bonanza económica, "y sin tener competencias en materia de inmigración", comenzó la construcción de un albergue, unas obras que "han tenido que paralizar por la crisis".

"Hemos demandado muchas veces a la Junta que finalizara el albergue y lo gestionara y a día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta de la Administración que tiene competencias, que es la Junta de Andalucía", ha enfatizado.