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EUPV denuncia que la explotadora de L'Umbracle firmó el contrato con CACSA antes de crearse y por un precio "irrisorio"

En su accionariado figura Sierra Mariola SL, que es propietaria del 62,5% de Broseta Abogados

El portavoz adjunto de EUPV en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, ha denunciado este jueves que la empresa explotadora de la discoteca L'Umbracle firmó el contrato con la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) el 23 de enero de 2007 y se creó el 14 de febrero de 2007. Asimismo, ha señalado que paga 90.000 euros más IVA al año, lo que considera "un precio irrisorio" teniendo en cuenta la superficie y la zona.

Blanco ha comparecido en rueda de prensa para dar a conocer datos que ha podido localizar sobre L'Umbracle y el Oceanogràfic para tratar de analizar la explotación de estos espacios y compararlos con el resto de zonas de CACSA, ante el intento del Consell de "privatizar" el complejo, coincidiendo con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), ha señalado.

El diputado de EUPV ha explicado que solicitó a la Generalitat los contratos con las empresas adjudicatarias, pero fueron denegados "sin ningún tipo de fundamentación jurídica", simplemente porque "no lo consideraban oportuno". Por ello, la formación de izquierdas estudia presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ante la falta de información por parte del Consell, Blanco buscó datos en la Sindicatura de Comptes y en el Registro Mercantil.

Respecto a l'Umbracle, ha señalado que la empresa explotadora es Ocio y Entretenimiento Costa Este SL, cuyo accionariado está formado por dos particulares y por la empresa Sierra Mariola que, a su vez, es propietaria del 62,5 por ciento de Broseta Abogados. "De nuevo aparece Broseta relacionado con los negocios de la Generalitat", ha señalado Blanco.

Asimismo, ha destacado que, según la Sindicatura de Comptes, Ocio y Entretenimiento Costa Este firmó el contrato con CACSA el 23 de enero de 2007, a pesar de que se creó el 14 de febrero del mismo año, según consta en el Registro Mercantil. El contrato es de tres años prorrogables hasta 15.

En cuanto al pago, la empresa explotadora abona 90.000 euros más IVA al año a la Ciudad de las Artes por el arrendamiento de un espacio público. Para Blanco, se trata de una cantidad "irrisoria" teniendo en cuenta la zona en la que se encuentra y la superficie, ya que consta de 6.500 metros cuadrados de terraza, 580 metros cuadrados de suelo de discoteca, más de 200 de almacenes y unos 73 metros cuadrados de oficinas, así como parking.

Precio de mercado

El portavoz adjunto de EUPV ha anunciado que este mismo jueves solicitará el expediente de contratación para poder conocer todos los detalles "y poder hacer una comparativa con lo que sería un precio de mercado". A su juicio, el alquiler de un espacio así "puede estar fácilmente por encima de un millón de euros al año".

Ignacio Blanco también ha subrayado que "llama la atención" que Ocio y Entretenimiento Costa Este tiene como único objeto la explotación de l'Umbracle, así como que cuenta con un solo trabajador, cuyos gastos anuales ascienden a 62.000 euros al año. No obstante, también figuran 270.000 euros de gastos de servicios externos.

"No hace falta ser un lince para darse cuenta de que esa empresa no está directamente explotando la terraza y la discoteca, sino que está subcontratando con otras empresas", ha destacado Blanco, quien ha denunciado que, de este modo, "se pierde la obligación del control público". Al respecto, ha advertido de que "si se sigue el ejemplo de l'Umbracle en toda Cacsa, "perderemos la capacidad de control".

OCEANOGRÀFIC

Por otro lado, respecto al Oceanogràfic, el diputado autonómico ha destacado que la compañía explotadora es Parques Reunidos SA, que firmó el contrato con Cacsa en 2002, para una duración de diez años, por lo que ha indicado que "acaba previsiblemente en febrero de 2013".

Asimismo, ha explicado que la empresa privada paga un canon de explotación y que Cacsa asume las inversiones y "buena parte" de los gastos. Respecto al canon, ha hecho hincapié en que ha seguido "una evolución descendente". Así, por ejemplo, en 2008 abonó 3,78 millones; en 2009, 3,45 millones; y en 2010, 3,41 millones.

En cuanto a los gastos que asume Cacsa, ha señalado que "de momento es imposible conocerlos". En el caso de que fueran inferiores a la cuantía que abona la explotadora, Blanco considera que habría que analizarlos, mientras que si son superiores se pondrá de manifiesto que "la privatización es deficitaria y hace perder dinero".

Proceso "público y transparente"

Ignacio Blanco ha lamentado la "privatización" que el Consell podría hacer en Cacsa y, en nombre de EUPV, ha exigido que el proceso "sea público, transparente, con participación sindical y que se valore la posibilidad de la gestión publica, de la gestión directa", porque, a su juicio, "es la que garantiza el cumplimiento de los derechos, tanto de los trabajadores como de la ciudadanía".

"Y si se va a optar otro modelo, que se nos aporten los datos y nos den información de los edificios que ya están siendo explotados", ha subrayado el portavoz adjunto de EUPV.