El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto ley de Medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de la Seguridad Social, en el que no se revalorizan las pensiones en función del IPC de noviembre, con el único apoyo del PP, la abstención de UPN y el rechazo del resto de grupos parlamentarios.

Tras casi tres horas de debate la posición de las diferentes formaciones políticas no se ha movido ni un ápice. Así, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha insistido en que el decreto supone un incremento del 1% en las pensiones a partir de enero —del 2% en las inferiores a 1.000 euros— frente a la congelación por la optó el Gobierno socialista en su último año de mandato.

Sin embargo, la oposición ha defendido desde la tribuna que la medida, además de incumplir la normativa vigente de la Seguridad Social, supone una vulneración de la Constitución, al aplicarse de forma retroactiva una pérdida de derechos adquiridos de los pensionistas. También critican la ruptura del Pacto de Toledo y acusan al Ejecutivo de "mentir" a los ciudadanos por intereses electoralistas.

Los 'populares' también han rechazado en solitario la tramitación como proyecto de ley de esta medida, apoyada incluso por UPN, y critican la decisión de recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional (TC) argumentando que las pensiones sí se revalorizan, aunque no tanto como le hubiera gustado al Gobierno por la coyuntura económica actual y la obligación "irrenunciable" de cumplir el objetivo de déficit. Asimismo, afirman que los socialistas no tienen "autoridad moral" para liderar este recurso después de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero congelara las pensiones.

Cambios en el fondo de reserva

La oposición también teme que los cambios introducidos en las condiciones para poder extraer recursos del Fondo de Reserva abran la puerta a un uso descontrolado de la 'hucha de las pensiones', y critican que el Ejecutivo prevea ya la necesidad de 'tirar' de estos ahorros el año que viene en lugar de presupuestar correctamente las necesidades de la Seguridad Social en las cuentas públicas, que aún se están tramitando.

Sin embargo, Báñez ha insistido en que será la Intervención General la que fije el déficit de las cuentas de la Seguridad Social que se puede cubrir con cargo al Fondo de Reserva, y ha asegurado que sólo se utilizarán estos recursos para el abono de pensiones contributivas, subrayando asimismo el "avance histórico" en materia de separación de fuentes de financiación.

El rechazo generalizado de la oposición al decreto conllevará por tanto un recurso único de la oposición ante el Constitucional, del que se ha vetado a Amaiur, lo que ha motivado también la salida del acuerdo de los diputados de ERC, Compromís y Geroa Bai, así como el rechazo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y CC-NC a una decisión que califican de "antidemocrática", aunque menos importante que la necesidad de frenar esta medida del Gobierno.

De hecho, la oposición advierte también de la intención del Ejecutivo de acometer otros cambios en materia de pensiones —en relación, por ejemplo, al endurecimiento en el acceso a la pensión anticipada— que estaría barajando aprobar el Gobierno antes de final de año y sin consensuar con las formaciones políticas y los agentes sociales.