El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha atribuido este martes la oposición del sector judicial a sus reformas a "intereses corporativos" que difieren entre sí en sus peticiones, aunque no en su estrategia. Dieciocho organizaciones de jueces, fiscales, abogados, funcionarios, ciudadanos y consumidores se han manifestado este martes contra las reformas del ministro.

Gallardón ha señalado que los jueces "quieren las tasas", mientras que los abogados, que las rechazan, están a favor de eliminar a los jueces sustitutos, al contrario que los togados.

El ministro ha respondido a las asociaciones de jueces y fiscales, que no le consideran "interlocutor": "A quien no quiera hablar conmigo, yo le digo que sí estoy dispuesto a hablar con él; mi puerta no está cerrada para nadie, el despacho del ministro está permanentemente abierto para ellos".

En cuanto a la amenaza de huelga de jueces y fiscales, Gallardón ha respondido: "Al margen de que tengan o no ese derecho, lo importante es si eso es lo más adecuado y lo más responsable". "¿Cómo no van a protestar si les hemos quitado la paga extraordinaria o si tenían antes 18 días de asuntos propios y se los dejamos en 12?. Pero un juez, además de funcionario, es titular de un poder del Estado y, por eso, más que derechos, tienen obligaciones", ha añadido Gallardón.

El ministro ha sido abordado ampliamente la polémica sobre las tasas al desvelar que la Asociación de la Profesional de la Magistratura (APM) le entregó cuando tomó posesión como ministro un texto favorable a la imposición de las tasas. "Las tasas quienes nos las han pedido son los jueces", ha agregado. En esta línea, ha afirmado que "la Justicia puede ser gratuita pero jamás es gratis" y que las tasas afectarán mayoritariamente a personas jurídicas y entidades financieras.

Después de reconocer la "limitada" planta judicial, precisando que se mantiene el cuerpo de opositores para jueces y fiscales pese a las dificultades, Gallardón también ha advertido del alto número de abogados colegiados en España, donde hay más de 125.000 colegiados, lo que dobla la media de la Unión Europea.

"Los cambios generan resistencias. Pero esas resistencias no nos van a claudicar en conseguir una Justicia más rentable, ágil y justa", ha remarcado, para poner de relieve que más de 9.200 millones de  euros están congelados en las cuentas de consignaciones y abogar por su necesaria puesta en circulación.

El titular de Justicia se ha referido a otras reformas de su departamento como la ley que reduce los sustitutos y ha manifestado que "más de medio millar de jueces" tienen "otra dedicación complementaria por la tarde", como es la docencia. El Ministerio les da así la posibilidad de tener un ingreso extra si asumen la carga de otro juzgado y haciendo "atractiva" esta salida, que también se extenderá a la Carrera Fiscal.

Ha negado que la reforma del Registro Civil suponga una privatización al defender que los registradores y procuradores son también funcionarios públicos, para pasar a valorar el cambio en el modelo de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que defiende la "despolitización" y el máximo consenso con el principal partido de la oposición y a ser posible el resto de grupos parlamentarios.

Según ha dicho, la politización por las asociaciones es "exactamente igual de mala" y que la relación de nombramientos del CGPJ durante los últimos años arroja que el 76% de los elegidos pertenecen a asociaciones.