La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Realia Business S.A. contra la sentencia de 12 de enero de 2012 que declaró la nulidad de la licencia de obra concedida por el Consistorio a la compañía para ejecutar las actuaciones de las torres del Canódromo, estableciendo la legalidad de la operación.

El 22 de noviembre de 2006, el Consistorio capitalino emitió una resolución por la que se concedió a Realia Business una licencia de obra para el reformado del proyecto de un conjunto edificatorio conformado por una base continua de varios niveles destinados a 165 plazas de aparcamiento y 101 trasteros, y dos torres de catorce plantas destinadas a 120 viviendas en la Calle Henry Dunat y Obispo Romo.

Asimismo, el 5 de diciembre de 2008 se emitió otra resolución por la que se prorrogó la anterior licencia.

Por su parte, una sentencia del 12 de enero del presente año —ahora revocada— aceptó el recurso presentado por la Asociación de Vecinos Ciudad Alta (AVECALTA) que solicitaba la nulidad del acto administrativo que otorgó la licencia de obra a Realia Business.

Contra esta sentencia [la del pasado enero], tanto el Consistorio capitalino como la compañía presentaron un recurso de apelación, lo que provocó que se elevaran los autos y el expediente administrativo.

Tras la comparecencia de las partes, la aportación de sentencias y el correspondiente trámite de alegaciones se señaló para votación y fallo el día 9 de noviembre de 2012, fecha en que ha tenido lugar el referido acto, dando como resultado la confirmación de la legalidad de la operación realizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.