La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, y la diputada del grupo parlamentario popular Amelia Palacios se han acusado este miércoles mutuamente de emprender recortes en políticas sociales y de impagos a los prestadores de servicios de la Ley de Dependencia.

En una pregunta oral en la Comisión el ramo de la Cámara autonómica, la dirigente popular ha advertido de que las asociaciones de defensa de las personas con discapacidad y sus familiares en la comunidad "están sufriendo una parálisis por culpa de los impagos de la Junta", un hecho que, a juicio de Palacios, estará provocando que "el entramado de centros de día y de residencias estén resistiendo a duras penas".

Tras advertir de que los recortes del Gobierno de España se deben "a lo calamitoso de cómo han dejado las arcas públicas" gobiernos socialista, ha denunciado que para 2013 "la Junta recortará en políticas sociales 777 millones de euros".

Ya en el turno de respuesta, Montero ha lamentado que el PP no diga de que fuentes extrae esos supuestos 777 millones de recorte programado por la Junta para 2013 en políticas sociales y ha subrayado que Andalucía es "líder en la aplicación de la Ley de la Dependencia", pese a que "el Gobierno central le recortó a Andalucía 89 millones de euros".

"El 25 por ciento de las prestaciones de este país en dependencia se desarrollan en Andalucía", ha defendido Montero, quien ha acusado al Gobierno de Rajoy de "reducir la intensidad de las prestaciones y retrasar la entrada de la dependencia moderada en Andalucía".

Ha agregado que las personas cuidadoras "han dejado de cotizar" por las nuevas medidas impuestas por el Gobierno central y ha insistido en el "esfuerzo titánico" que hace la Junta andaluza "para mantener el número de beneficiarios de la Ley de Dependencia".

Actualmente, ha concluido, "el 25 por ciento los financia el Gobierno y 75 por ciento restante la Junta, cuando la ley decía que la financiación tenía que ser al 50 por ciento para ambas administraciones".