CCOO-PV ha denunciado este martes que la Generalitat haya decidido recortar cinco millones de euros de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en los presupuestos. El sindicato ha tildado este hecho de "indignante", ya que "la pobreza alcanza ya al 27 por ciento de la población valenciana" y, en la actualida, "existen más de 10.000 expedientes esperando a ser resueltos.

Por ello, considera que "supone una falta de sensibilidad por parte de la Generalitat que modifique una partida que hoy es necesaria que nunca", según ha indicado la central sindical en un comunicado.

La secretaria de Política Social de CCOO—PV, Eva Hernández, ha señalado que "las situaciones de exclusión social" en la Comunitat Valenciana se han visto incrementadas en un 30 por ciento desde el inicio de la crisis.

"Con esta política, la Generalitat se pone una venda en los ojos para no ver el sufrimiento de gran parte de la ciudadanía. Cuando una realidad es invisible para los gobernantes, es difícil que éstos sean útiles para solucionar los problemas reales de la población", ha añadido.

Hernández ha destacado que la Renta Garantizada de Ciudadanía "es un derecho de ciudadanía, que está perdiendo su empleo y que se sitúa en umbrales de pobreza poco asumibles por una sociedad avanzada". La dirigente sindical ha indicado que esta concepción que tiene la Generalitat de que las personas más excluidas se gastan el dinero en televisiones de plasma, unida a esta disminución presupuestaria, "constituye un insulto hacia las personas que están pagando la crisis sin haberla creado".

Queja ante el síndic de greuges

El pasado mes de septiembre, CCOO-PV ya presentó una queja ante el Síndic de Greuges denunciando la situación de demora de más de 10.000 expedientes. Este retraso, según el sindicato, se sitúa entre los 18 y los 24 meses.

Sin embargo, ha lamentado que la Conselleria de Bienestar Social "se permite el lujo de declarar que dinero no se gastará porque no hay demanda". El sindicato ha recordado que en el último informe de la Sindicatura sobre la Renta Garantizada, de febrero de 2012, se instaba a la Generalitat a incrementar esta partida, "debido a las grandes dificultades por las que están pasando las familias y a la gran demora existente en los expedientes".