Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha instado a la Fundación Caja Segovia a que ejercite una acción de responsabilidad civil contra los integrantes del Consejo de Administración y el Comité de Retribuciones de la extinta entidad por una cuantía de 33 millones de euros, la misma que aprobaron para siete antiguos directivos en concepto de pensiones y prejubilaciones, según los datos difundidos.

En un escrito remitido a la Fundación, cuya constitución debe ser oficial antes de abril, este partido reclama además otra acción de indemnización de daños y perjuicios frente a Bankia, a la que se aportaron activos por importe de casi 6.000 millones que hoy están "totalmente perdidos", según advierte.

En el documento, explica que tanto la falta de diligencia como de lealtad de los integrantes de dichos órganos de control genera responsabilidad civil en beneficio de la entidad que ha sufrido el perjuicio por aplicación de la legislación específica de Cajas, aplicable aun en el caso de que la vinculación que une a estos gestores con sus entidades no sea propiamente contractual, pues ese régimen afecta al incumplimiento de cualquier obligación con independencia de cuál sea su origen.

Recuerda asimismo que la Fundación es la continuadora de la persona jurídica de la Caja tras su transformación y que la Ley de Fundaciones establece que los patronos deberán desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal, así como responderán solidariamente de los daños y perjuicios que causen por los actos realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo.

UPyD entiende por tanto que no ejercitar la acción de responsabilidad civil contra los antiguos administradores de la Caja y frente a Bankia es "un claro caso de falta de diligencia que puede generar a su vez responsabilidad a los patronos".

Así, con independencia de la personación de la Fundación como interesada en el proceso penal en curso en el Juzgado número 2 de Segovia, y al margen de la responsabilidad penal y civil que pueda decretarse contra los directivos perceptores de las retribuciones millonarias, el partido de Rosa Díez ha instado a que se ejercite una acción de responsabilidad civil contra los integrantes del Consejo y la Comisión de Retribuciones por una cuantía de 33 millones.

Para UPyD, las cantidades reconocidas a los directivos por el Consejo de Administración constituyen, con independencia de la responsabilidad penal que en su caso pueda proceder, "un abuso intolerable que ha ocasionado un grave perjuicio al patrimonio de la Caja".

"La difícil situación económica en la que se encuentra la Fundación y lo ambicioso de sus fines fundacionales requieren que su Patronato, más allá de intereses políticos, ejerza todas las acciones que legalmente le corresponden para reintegrar el patrimonio fundacional mediante la reclamación de indemnización de los perjuicios ocasionados a la entidad por esa actuación negligente, lo que redundará en beneficio de todos los segovianos", ha explicado.

Junto a ello, reclama también a la Fundación que emprenda acciones para lograr una indemnización por daños y perjuicios frente a las entidades de ahorro integrantes del Grupo Bankia, al cual Caja Segovia aportó unos activos totales segregados por importe de 5.893 millones de euros —un patrimonio neto de 125,7 millones—.

A juicio de UPyD, la ausencia de sanciones políticas y jurídicas "generaría una enorme sensación de impunidad". "Los de siempre, todos los conocemos, esperarán a que se recupere la economía para continuar haciendo los mismos negocios que antes y con la misma opacidad. Saben que no les pasará nada, porque está todo atado y bien atado", ha lamentado esta organización, que ha asegurado que se opondrá a ello "con todas sus fuerzas" y ha pedido la colaboración y el apoyo de los ciudadanos para conseguirlo.