Avisa de que la forma de rebajar la litigiosidad "no es poner barreras, en forma de tasas, para acceder a la Justicia"

Santiago de compostela, 30 (

Eruropa press)

El Colegio de Abogados de Santiago rechaza "de forma enérgica" el proyecto de ley de reforma de las tasas judiciales impulsado por el Gobierno central con el argumento de que su finalidad es asegurar el sostenimiento de los gastos de la justicia gratuita.

En un comunicado, los abogados compostelanos han advertido de que la decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "limita" los derechos de los ciudadanos y pone en riesgo "la tutela judicial efectiva".

"Además, no es admisible incorporar en nuestro Estado de Derecho una balanza en la que se coloque por un lado el derecho fundamental a la Defensa y por el otro el pago de una tasa", ha defendido Evaristo Nogueira, decano del Colegio de Abogados y adjunto a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

"El derecho a la defensa es fundamental y constitucional, las tasas no pueden presentarse como un recurso necesario para pagar a los abogados que prestan el servicio de Justicia Gratuita; esto es enfrentar a los ciudadanos con la Abogacía de forma injusta", ha agregado Nogueira.

Según han explicado desde el Colegio de Abogados, el nuevo sistema propuesto por el Gobierno amplía el ámbito subjetivo de abono de tasas, al afectar a personas tanto físicas como jurídicas, y sólo se exonera a los ciudadanos a los que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita por carecer de recursos para litigar.

La subida de las tasas oscila "entre los 50 y los 750 euros". El aumento más significativo es el de los recursos de apelación (que pasan de 300 a 800 euros) y de casación (de 600 a 1.200) en los órdenes Civil y Contencioso-Administrativo. En la jurisdicción Social, "la suplicación pasa de 0 a 500 euros, y la casación, de 0 a 750 euros".

"barreras" en forma de tasas

La Abogacía compostelana reitera que la forma de evitar la litigiosidad "no es poner barreras, en forma de tasas, para acceder a la Justicia".

"Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos derechos, intereses y pretensiones, tal y como reconoce nuestra Constitución, y no puede impedirse ese acceso por medio de un sistema de tasas que, en definitiva, perjudica a quienes tienen menos medios económicos; vamos a una justicia para ricos y otra para pobres".