El PP de Bizkaia ha denunciado que la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por parte de la Diputación foral vizcaína gobernada por el PNV ha generado "un sufrimiento innecesario en miles de familias" y "pérdidas de 17 millones de euros" por el pago de estas ayudas a personas que "no cumplían los requisitos establecidas por la ley".

La portavoz del PP en las Juntas Generales de Bizkaia, Esther Martínez, acompañada del juntero popular encargado del área de Acción Social, Eduardo Andrés, ha hecho balance de la gestión de la Diputación foral vizcaína de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en el último año que, según ha denunciado, ha estado "plagada de errores de bulto, desidia, improvisación y descontrol".

Martínez ha recordado que hace un año, la Diputación foral retiró la RGI a 4.865 perceptores porque detectaron que tenían una segunda propiedad inmobiliaria, pero "en más del 90 por ciento de los casos que se recurrieron se ha dado la razón a los perceptores porque la Diputación no comprobó el porcentaje de propiedad que tenían en esas viviendas" alegando que era "muy costoso" hacerlo.

Además, ha indicado que en julio de 2011 se le retiró también la RGI a 1.589 personas por no haber regularizado su situación y "también en más del 90 por ciento de los casos alegados se ha dado la razón a los perceptores".

Por otra parte, la portavoz popular se ha referido al proceso de traslado de expedientes de la Renta de Garantía de Ingresos a Lanbide para señalar que "todos conocíamos con muchísima antelación cuando se tenía que producir, que era el 1 de enero de 2012", pero ha sido un traslado que se ha hecho "por tiempos y todavía sigue pendiente".

En ese sentido, ha indicado que, de los 15.034 perceptores de la RGI en Bizkaia, "4.179, aproximadamente el 30 por ciento, no se entregaron en plazo" por lo que "ha habido muchas personas que durante seis meses han estado yendo a las colas de Lanbide a preguntar qué es lo que pasaba con sus expedientes y, sin embargo, nadie les podía dar una explicación porque sus expedientes seguían dentro de los armarios de la Diputación foral".

Martínez ha señalado que, "a día de hoy, hay todavía 1.141 expedientes que están pendientes del traslado desde la Diputación foral a Lanbide en una especie de limbo foral, generando una situación de incertidumbre en muchísimos perceptores y en personas que pueden tener derecho a cobrar esta ayuda y se les está negando en un ejemplo evidente de incapacidad para gestionar esta ayuda".

En cuanto a los expedientes que sí han sido entregados a Lanbide y que han sido revisados por el Servicio Vasco de Empleo, Martínez ha denunciado que "al menos un 36 por ciento presentaba anomalías", lo que supone que ha habido personas que han estado percibiendo esta ayuda "sin cumplir los requisitos marcados en la ley". Estas "anomalías", ha dicho la portavoz del PP, "ha supuesto un gasto de 17 millones de euros".

Ayudas a la inclusión social

Por otro lado, Martínez ha calificado de "preocupante" la situación vivida en la gestión de las ayudas a la inclusión social, ya que el Departamento de Acción Social "está corrigiendo errores un día sí y otro también".

Esta actuación, ha considerado, "deja traslucir una absoluta falta de previsión con partidas que eran evidentemente insuficientes y que han tenido que ser ampliadas sucesivamente en abril y en junio, lo que denota una enorme improvisación y ha puesto en peligro la percepción de esta ayuda".

Martínez ha criticado el "doble lenguaje" del PNV que es "un artista en la pose de la buena gestión, una buena gestión que no aguanta el más mínimo contraste". Por un lado, ha censurado, "vemos despilfarro" y, por otros, "los recortes más injustos e insolidarios que se pueden hacer".

Por todo ello, ha emplazado al Departamento de Acción Social y al diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, para que "no haya ningún vizcaíno que no pueda reclamar lo que le corresponde porque sus expedientes están en los armarios de la Diputación", así como para que se dé traslado a Lanbide a los expedientes pendientes.