El consejero de Administración Pública del Gobierno de Extremadura, Pedro Nevado-Batalla, ha calculado que la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre a los empleados públicos extremeños permitirá a las arcas del Gobierno regional un ahorro de "entre 74 y 80 millones de euros".

Pedro Nevado-Batalla ha señalado que esta paga extraordinaria se suprimirá al conjunto de los empleados públicos de la Administración regional, así como a las empresas públicas y al personal docente de la educación concertada, en lo que ha reconocido que es una "medida durísima", pero a la vez un "valioso instrumento para la reducción del déficit".

Así, por departamentos, Pedro Nevado-Batalla ha informado que se ahorrarán 22 millones en el ámbito de la Administración General y el Sepad; 26 millones en el Servicio Extremeño de Salud, y otros 26 millones en el ámbito educativo, aunque ha apuntado que estos datos deben ser acogidos con "cautela", ya que están pendientes de ser "reconfirmados".

Pedro Nevado-Batalla ha ofrecido estos datos en una comparecencia a petición propia que ha protagonizado en el Parlamento de Extremadura para informar sobre la incidencia del Real Decreto ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de julio.

Alerta de una falta de motivación

Por otra parte, y respecto a lo relativo a los permisos y vacaciones del personal vinculado a la administración, el consejero Nevado-Batalla ha recordado que este Real Decreto establece una "reducción" de estos días para "mejorar la productividad del personal".

Ante este caso, el consejero de Administración Pública ha alertado de que se puede producir un "cierto conflicto", ya que el personal debe estar "motivado", y por tanto si se dan reducciones retributivas y de días de libre disposición, junto con el incremento de la jornada laboral, "evidentemente se puede producir un problema de motivación del personal", en un momento que es necesario que esté "a la altura y trabajando intensamente para salir de esta situación de crisis".

Así, Nevado-Batalla ha mostrado el interés del Gobierno de Extremadura en que, dentro de la "flexibilidad" que le permite el Real Decreto del Ejecutivo central, adoptar las medidas para que "el impacto sea el menor posible".

Tras realizar un repaso por las diferentes medidas que contempla este Real Decreto, Pedro Nevado-Batalla ha señalado que este es un "momento histórico", en el que "nunca antes se habían vivido las circunstancias tan graves", que ha obligado a tomar "reformas de tan elevada significación".

En ese sentido, Pedro Nevado-Batalla ha defendido que este es un "auténtico cambio de modelo" que debe conducir a "la consecución y el mantenimiento del bienestar y protección que se han disfrutado hasta la fecha", por lo que ha aclarado que "no es cuestión de hacer menos de lo que habitualmente se hacía", sino que la idea es "modificar" para alcanzar el objetivo de bienestar.

Una tarea que "requiere el concurso de todos", ya que la situación actual no es un problema del Gobierno central y regional, sino "de todos", y la salida de la crisis "no se puede abordar desde una única instancia, sino que tiene que ser materia de consenso y unidad".

Opiniones de los grupos

Tras la intervención del consejero, ha tomado la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Pedro Escobar, quien ha calificado de "enorme injusticia" estas medidas, y ha mostrado su "alarma" por que este sea un "verdadero cambio de modelo" por el que se esté "adelgazando el Estado".

Escobar ha asegurado que este decreto supone la "implantación de la injusticia institucional", ya que según ha aseverado, "los que más aportaron para alcanzar el Estado del Bienestar" al que se llegó, son los que ahora "más van a perder" con estas medidas, que "reparte mal las cargas".

Estas medidas, ha señalado el portavoz de IU, suponen un "proceso de autodeslegitimación" del Gobierno central, que va "en contra" de su programa electoral o de su ideario ideológico, que pasa por ejemplo por bajar impuestos, y los están subiendo, por lo que ha considerado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "tiene que pedir permiso a los españoles" para llevarlas a cabo.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Alfredo Escribano, ha lamentado que con estas medidas se a va hacer "mucho daño a muchas familias" en todo el país y en Extremadura, donde la incidencia "va a ser mucho más grave", ha vaticinado.

Escribano ha asegurado que el PP en España y en Extremadura "han contraprogramado su propio programa electoral", como una serie de consecuencias, como que "han dinamitado la administración pública, van a reducir localidades, quieren reducir concejales, quieren hasta reducir diputados en un afán de mejorar la democracia, con menos, más".

El diputado del PSOE ha lamentado que el gobierno tiene un "enfrentamiento continua con todo lo que es público", que "lo único que conduce es a fomentar las desigualdades".

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Cantero, ha defendido que este Real Decreto recoge "medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria" y "dramática", y ante la necesidad de "estabilizar el déficit" y reducir la deuda.

Miguel Cantero ha reconocido que son medidas "duras" y "de sacrificio para todos", pero ha aseverado que el gobierno del PP va a luchar "como un gato panza arriba" para "intentar salir de este atolladero".