Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han procedido a la detención de 17 personas pertenecientes a un grupo organizado especializado en realizar estafas tras sustraer tarjetas bancarias a turistas en el sur de Gran Canaria, mientras que se estima que el valor total del dinero sustraído asciende a más de 350.000 euros.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado, una vez que habían conseguido la tarjeta del turista, la organización realizaba extracciones en comercios de Las Palmas de Gran Canaria con los que estaban compinchados.

En este sentido, la Autoridad Judicial ha transformado durante los últimos días las diligencias previas en procedimiento abreviado.

De esta manera, la investigación comenzó mayo de 2009, cuando los agentes del Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial detectaron un notable incremento de denuncias por hurtos y robos en interior de vehículos en la zona sur de la isla, en concreto en la zona de Maspalomas.

Además, los investigadores se percataron de la utilización de varias tarjetas bancarias en establecimientos de Las Palmas de Gran Canaria, que posteriormente eran denunciadas por los legítimos propietarios, donde se realizaban transacciones de cantidades importantes de dinero.

Ante tales hechos y con la finalidad de comprobar 'in situ' cómo se realizaba la captación y posterior uso fraudulento en los establecimientos de capital, los agentes decidieron desplazarse hasta el origen de obtención de las tarjetas.

Mientras, durante la investigación, los policías observaron la presencia de una persona, conocida por ser un delincuente habitual, que se dedicaba al hurto y robo en el interior de los vehículos de los turistas extranjeros que se paraban en los distintos paradores y miradores de la localidad de San Bartolomé de Tirajana, apropiándose, entre otros enseres, de las tarjetas bancarias.

Medidas de seguridad para evitar ser localizado

Por su parte, la Policía Nacional apuntó que el principal responsable de la organización utilizaba múltiples medidas de seguridad para evitar ser localizado.

Así, el autor y principal cabecilla de la organización desmantelada, realizaba numerosas comprobaciones antes de cometer el hecho delictivo, a fin de detectar la presencia policial y comprobar que no era visto por ninguna de las personas que allí se encontraban.

Posteriormente, y ya con las tarjetas de crédito en sus manos, se desplazaba, con gran rapidez, hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde entraba en contacto con otros integrantes de la organización a los que facilitaba parte de las tarjetas sustraídas para usarlas en los establecimientos con los que estaban en contacto para obtener el mayor beneficio económico en el menor tiempo posible, antes de que las tarjetas fueran anuladas por sus titulares.

Los establecimientos eran previamente contactados por cada uno de los integrantes de la organización, los cuales acordaban con los propietarios los porcentajes a obtener, habitualmente el cincuenta por ciento para la organización y el cincuenta por ciento para el titular del establecimiento donde se utiliza.

Estos locales se usaban de forma esporádica y aleatoria, a fin de evitar la acción policial.

Asimismo, a lo largo de la investigación, los agentes lograron detectar y delimitar la estructura que la organización, concretándose en la persona de D.Z. como principal responsable de la organización, apoyado por los llamados S.B. y K.H., los cuales realizaban las funciones de 'pasadores' y los titulares de los establecimientos que realizaban las funciones de 'colaboradores' de la organización.

Las víctimas siempre eran turistas

Con todo, la organización centraba su actividad delictiva en personas extranjeras, turistas que llegaban a Gran Canaria y que portaban entre sus pertenencias cantidades altas de dinero y tarjetas bancarias de sus países de origen.

En este punto, al ser entidades extranjeras y encontrarse las personas titulares de las mismas de vacaciones en la isla, pasaban desapercibidas por los departamentos de fraude y de seguridad de las entidades bancarias las operaciones fraudulentas realizadas por la organización.

Las víctimas una vez llegaban a sus países de origen se percataban de que en sus cuentas faltaba altas cantidades de dinero.

Finalmente, tras arduas labores de investigación, ya que los establecimientos implicados, cambiaban constantemente la titularidad y denominación de los comercios, así como las entidades bancarias y TPVs —conocidos popularmente como "datáfonos"—, el Grupo de delitos Patrimoniales pudo constatar la sustracción y posterior utilización por parte de la organización de un total de 164 tarjetas bancarias extranjeras, ocasionando, con las operaciones fraudulentas realizadas, un perjuicio económico de más de 350.000 euros.