Prendes (UPyD) se opone a cualquier cambio en el modelo de financiación basado en la bilateralidad

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Ignacio Prendes, ha mostrado este jueves su oposición frontal a afrontar cualquier tipo de cambio en el sistema de financiación de las comunidades autónomas que se base en una relación de bilateralidad, entre el Gobierno central y otra comunidad autónoma.
Ignacio Prendes
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EUROPA PRESS
Ignacio Prendes

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Ignacio Prendes, ha mostrado este jueves su oposición frontal a afrontar cualquier tipo de cambio en el sistema de financiación de las comunidades autónomas que se base en una relación de bilateralidad, entre el Gobierno central y otra comunidad autónoma.

En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Prendes ha dicho que esa posibilidad constituye un "riesgo" para Asturias y que una revisión del modelo se tiene que construir desde una relación de multilateralidad entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Además, desde UPyD sostienen que ese proceso ha de ir ligado a la reforma del actual modelo territorial en España. "No se puede reformar la financiación autonómica si previamente no reformamos el modelo de país que tenemos", ha dicho Prendes.

Prendes exige así al Gobierno asturiano que se oponga "con toda intensidad" a los intentos de revisar la financiación de forma bilateral, algo que, a su juicio, sólo buscan "acallar la amenaza secesionista catalana".

IRPF

Prendes no ha querido opinar en profundidad sobre las recientes palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien apuntó que la reforma de financiación podría suponer el traspaso de todo el IRPF a las comunidades autónomas. A juicio de Prendes sus manifestaciones sólo son un "globo sonda".

Pero además, el dirigente de UPyD Asturias ha dejado claro que su partido siempre se ha opuesto a la reducción de los mecanismos de promoción de la igualdad, que ha supuesto la rebaja de la capacidad del Estado a la hora de repartir recursos para promover la igualdad. En este sentido, cree que dejar al Gobierno central sin la capacidad de gestionar el IRPF supondría ahondar en esa senda "perjudicial".

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