Encuestas

El ministro Economía Luis de Guindos ha planteado que las rentas más altas paguen la Sanidad pública como medida para acabar con el déficit.

¿Te parece bien que se cobre la Sanidad pública a las rentas altas?

   Sí, es más justo que aplicar el copago a todos los ciudadanos. 36% 36% 3145 votos
   No, debería ser gratuita que para eso pagan más impuestos. 47% 47% 4142 votos
   Solo si es como medida temporal, mientras dure la crisis. 17% 17% 1516 votos

   Total:

8803 votos
Esta encuesta no es científica y sólo refleja la opinión de aquellos lectores que han elegido participar. Los resultados no representan necesariamente la opinión de los internautas en general o de los lectores de 20 minutos al completo.
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Al S.de Gomaranto
52
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Al S.de Gomaranto, 13.04.2012 - 16.59h

    Lo más normal es que no,
    que a los de poderosas rentas
    no le afecte la medida,
    sea ésta, una u otra.
    Ya que por lo general,
    a la pública no van,
    no suelen utilizarla
    en la de pago se cuidan,
    ya que sí pueden pagarla.

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    alber82
    53
    Avatar de alber82
    alber82, 15.04.2012 - 13.38h

      #4 Como enfermero que soy te voy a decir una cosa, puede que tu lo veas como una pérdida de tiempo, pero solo con contarte sus penas esa persona va a ir mas sana a su casa que si le hubieras recetado media farmacia... 5 minutos de conversacion pueden ahorrar muchos euros en gasto farmaceutico. aprendetelo para cuando seas MIR y luego adjunto

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      deadmau
      54
      Avatar de deadmau
      deadmau, 16.04.2012 - 08.28h

        Un error legal impide cobrar mil millones por «turismo sanitario»

        Un decreto de 2007 no obvia las garantías de la UE para evitar que se abuse del sistema

        El Ministerio de Sanidad cifra en 1.000 millones de euros anuales el coste para España del llamado «turismo sanitario» y asegura que se podría haber evitado si el anterior Gobierno hubiera traspuesto de forma correcta la directiva europea sobre movilidad de los ciudadanos entre los distintos estados de la Unión.

        El Real Decreto 240/2007, que traspone la directiva europea 2004/38, obvia el contenido del artículo 7, que establece una clara garantía para impedir que los ciudadanos de unos países abusen del sistema asistencial de otros. En concreto, ese artículo establece que todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en otro estado miembro durante más de tres meses si es trabajador por cuenta ajena o propia en el estado de acogida, o «dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida».

        Según Sanidad, la supresión de ese artículo supone que España no puede facturar los servicios sanitarios prestados a cientos de miles de ciudadanos. Solo en 2009 se perdieron 1.000 millones de euros correspondientes a casi 700.000 usuarios extranjeros, de acuerdo con datos que el ministerio extrae de un informe del Tribunal de Cuentas. Se trata de ciudadanos de otros países de la UE que se sacan la tarjeta sanitaria española o que obtienen una tarjeta europea a través de la cual se pasa el coste a España.

        La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, asegura que «la utilización no debida, y en otros casos fraudulenta, es motivo de desequilibrio» para el sistema sanitario. En este sentido, explica que el actual Gobierno está «revisando por dónde se producen los graves problemas de sostenibilidad» para tratar de resolverlos.

        Un ejemplo de la atracción de España para el turismo sanitario es la guía que ofrece la Embajada británica en la que se explica a los súbditos británicos precisamente cómo beneficiarse de la sanidad pública en nuestro país

        El portavoz de Sanidad en el Congreso de los Diputados y exconsejero valenciano de Sanidad, Manuel Cervera, lamenta que «desde sus países se estimule a los extranjeros a usar nuestra sanidad». Algo que, a su juicio, ocurre «por una mala interpretación de la normativa europea que el PSOE no recurrió en su momento», y gracias a la cual los británicos, entre otros, tienen acceso a la sanidad española simplemente con empadronarse. Cervera explicó que el Ministerio de Sanidad estudia criterios «como un período mínimo de residencia o un alta fiscal», para que no baste con el empadronamiento

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