El juez de refuerzo que investiga un presunto delito societario de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis ha acordado mantener la administración judicial sobre la totalidad de sus acciones por el riesgo de que "continúe la actividad delictiva" y sus "relevantes y trascendentes" perjuicios al club. El juez Rogelio Reyes rechaza la petición de la Fiscalía de que las acciones vuelvan a Lopera y ha acordado que permanezcan controladas por el administrador judicial, el abogado sevillano José Antonio Bosch.

El auto se basa en el segundo informe de los peritos sobre las cuentas del Betis y dice que sus conclusiones para el periodo 1999-2008 "confirman indiciariamente, y en mayor grado si cabe, el relevante y trascendente perjuicio económico" causado al club por parte de las empresas de Lopera, Tegasa y Encedesa, "así como sus desproporcionados rendimientos en relación a la contraprestación ofrecida".

Los peritos, que están citados el 5 de junio para ratificar su informe, han asegurado que la gestión de Ruiz de Lopera causó un perjuicio de 12,4 millones de euros al club en los años 1992-1998 y de 17 millones en el periodo 1999-2008. El juez se basa en los autos emitidos por la Audiencia de Sevilla sobre el "ejercicio abusivo del poder" que ostentaba el imputado y dice que "lejos de haber desaparecido las circunstancias" que motivaron el control judicial de sus acciones, se ha visto "reforzado" el "riesgo cierto de mayor perjuicio".

Aunque la devolución de las acciones fue pedida por el propio Lopera en 2011, ahora es la Fiscalía quien defiende que han desaparecido los presupuestos que justificaron la medida "así como el plazo previsto" y para que no suponga "un cumplimiento anticipado de la pena". El juez discrepa de la fiscal en cuanto al plazo de dos años para la intervención de las acciones, medida solo prevista para los casos "en que se estuviera dilucidando la eventual responsabilidad penal de las personas jurídicas", según una circular de la propia Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía argumentó que idénticas medidas de prohibición de disponer de las acciones están vigentes por orden del juzgado Mercantil 1 de Sevilla, que tramita el concurso de acreedores del Betis, pero el juez Reyes responde que en la vía mercantil las medidas cautelares afectan al 31,38 % de las acciones y en la penal al 51 %, esto es, "el efectivo control de la vida societaria".

El juez dice que "no es descartable" que Lopera recuperase el "efectivo dominio y control" del club por la vía de los hechos y no de derecho, ya que está suspendido cautelarmente en sus funciones de consejero delegado.

El auto enumera a lo largo de diez folios las irregularidades que se atribuyen a Lopera y recuerda que la fallida venta de sus acciones a Bitton Sport "en el ínterin entre la fecha en que se adoptaron las medidas cautelares y la fecha en que fue removido del Consejo de Administración" fue una "operación salpicada de diversas anomalías".

A ello une la petición de varios accionistas de que el concurso de acreedores del Betis sea declarado culpable, lo que de ser aceptado por el juez "denotaría una deficiente gestión de la contabilidad", con consecuencias para los administradores "a la vista de las graves sanciones que prevé la Ley Concursal".